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Desde ayer, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva está reunido con los gobernadores de los 27 estados brasileños para recabar su apoyo a las reformas del sistema de pensiones y tributaria. El objetivo de Lula y varios ministros del gobierno es informar a los gobernadores de la situación financiera de Brasil, que calificaron de “gravísima”. La reunión, que termina hoy, se produce después de muchas críticas del ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) a la orientación económica elegida por Lula, y después de que la Iglesia Católica se sumara a los objetores al criticar la suba de la tasa de interés.
El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el del sistema de pensiones, Ricardo Berzoini, hicieron los diagnósticos de las dos áreas y presentaron propuestas. Sobre las pensiones, tanto la Unión como los estados y los municipios tienen interés en reformarlas, ya que se han convertido en el “agujero negro” de las cuentas públicas, absorbiendo el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, debido en particular al peso de las jubilaciones de funcionarios y militares, que suman unos 2,6 millones de personas. El gobierno calcula que las necesidades de financiación para 2003 serán de 80.100 millones de reales (unos 22.250 millones de dólares), frente a los 17.500 millones de dólares de 2001. De este total, 56.300 millones (unos 15.640 millones de dólares), equivalente al 3,5 por ciento del PBI, corresponde a los funcionarios públicos y 23.800 millones (6.600 millones de dólares), el 1,5 por ciento del PBI, a los trabajadores del sector privado. La fuerte oposición de los funcionarios a perder sus privilegios y los derechos adquiridos ha hecho desistir al gobierno de adoptar un sistema único de pensiones para el sector público y el privado con un techo máximo, y sólo deberá aplicarse a los nuevos funcionarios. Y es que la situación es muy dura para muchos Estados, sobre todo después de que Palocci subió al 4,25 por ciento la meta de superávit fiscal primario del país.
La reforma tributaria es otro de los grandes desafíos del gobierno de Lula, para cuya aprobación es imprescindible el apoyo de gobernadores, que deben comprometerse a enterrar la guerra fiscal. El gobierno quiere crear el Impuesto de Valor Agregado (IVA) para gravar el consumo, reducir los impuestos que castigan a la producción y buscar un sustituto a la Contribución Provisional a los Movimientos Financieros (CPMF). La batalla ahora es si el IVA se impone al origen –lo que beneficiaría a los estados más ricos como Sao Paulo, Río de Janeiro o Minas Gerais– o al destino, que beneficiaría a los más pobres. El gobierno de Sao Paulo calculó en 1999 que la instauración del IVA en el destino le haría perder unos 1.399 millones de dólares anuales de recaudación. Para compensar estas pérdidas, el ejecutivo de Lula baraja la creación de un fondo que ayudaría a los más afectados.