El Tribunal Supremo aceptó ayer la recusación que el juez Baltasar Garzón había presentado contra cinco miembros del tribunal que deberá juzgarlo en la causa abierta contra él por haber pretendido investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. La defensa del juez había solicitado que se apartara a estos magistrados por entender que su intervención en diferentes momentos de la instrucción del caso los inhabilitaba para juzgarlo con ecuanimidad. Es la primera vez en la historia de la Justicia española que el Supremo acepta una recusación masiva contra tantos jueces de un mismo tribunal.

La decisión implica al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra; el ponente inicial, Adolfo Prego, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y Joquín Giménez García. Estos magistrados habían demostrado, a juicio de Garzón, que ya habían tomado partido en el juicio ya que fueron facilitando a lo largo de la instrucción la labor de las partes particulares que iniciaron la querella. Ayer el Supremo le dio la razón, con lo cual deberán ser designados otros jueces para ocupar las vacantes. Esta causa contra Garzón fue iniciada por un pseudo sindicato ultraderechista llamado Manos Limpias, al que luego se sumaron las organizaciones Falange Española y Libertad e Identidad, ambas identificadas con la ultraderecha.

El proceso se originó luego de que Baltasar Garzón se declarara competente en octubre de 2008 para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo y emitiera incluso un auto de procesamiento contra el general Franco y otros 34 militares que participaron en la rebelión contra la República en 1936. A pesar de que estos jerarcas ya habían fallecido al momento en que el juez los acusó de haber ideado y puesto en práctica un plan de exterminio y represión de los opositores políticos que culminó con 114.266 desaparecidos, la medida enfureció a la derecha política y judicial, que no tardó en lanzarse sobre Garzón por haber cometido semejante osadía.

El juez fue apartado cautelarmente de sus funciones el año pasado y se encuentra colaborando con el Tribunal Penal Internacional de La Haya, un destino que él mismo solicitó y que le fue concedido por las autoridades judiciales. Además de esta causa, Garzón enfrenta otros dos procesos ante la Justicia, uno por haber cobrado por la realización de unos seminarios en la Universidad de Nueva York financiados por el Banco Santander, a uno de cuyos directivos absolvió luego en un caso. El otro proceso es por haber ordenado, supuestamente de forma ilegal, escuchas a dirigentes políticos del Partido Popular en el contexto del llamado “caso Gürtel”, uno de los escándalos más importantes que han sacudido a la formación conservadora en los últimos tiempos.

Las asociaciones de víctimas del franquismo celebraron ayer la decisión del Supremo. “Es un paso muy importante. Hoy estamos más cerca de que Garzón vuelva y retome la causa que abrió contra los crímenes del franquismo”, declaró al diario El País Fernando Magán, abogado de las víctimas, apenas conocido el dictamen. Las asociaciones también habían solicitado estas recusaciones en su momento por entender que estos magistrados habían ya demostrado su opinión con respecto a los crímenes del franquismo en ocasión de aprobarse la Ley de la Memoria Histórica, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión de juzgar a Garzón por esta causa movilizó a la opinión pública española de manera contundente durante los últimos años, llegando a producirse multitudinarias marchas en Madrid que contaron con la presencia de ciudadanos sin banderías políticas y reconocidas figuras del ámbito cultural. La causa contra Garzón despertó también la indignación de numerosos medios de prensa internacionales, que criticaron con dureza, en su momento, la decisión de la Justicia española.