Hebe de Bonafini acusó a los ex apoderados de Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, de no haber depositado en las cuentas de la Fundación Sueños compartidos todos los cheques destinados a la construcción de viviendas sociales y, en cambio, haberlos cambiado en cuevas financieras. También sostiene que el dinero aparentemente sustraído podría haber producido un endeudamiento de Madres, aunque en la denuncia todavía no se señala a cuánto llegaría el rojo que habrían dejado los hermanos. Al mismo tiempo, Hebe los denunció por llevarse documentación clave de sus dependencias en un camión blindado el 3 de junio, justo cuando se conoció públicamente el conflicto que mantenían. Las Madres están haciendo una auditoría y en el mismo texto de la denuncia revelan que descubrieron que parte de los vehículos que usan para desplazarse están a nombre de Meldorek, la sociedad de la que es dueño el mayor de los Schoklender. Bonafini planteó todo esto en una presentación judicial que le llevó al juez Norberto Oyarbide, a quien le pidió que la aceptara como querellante, al considerarse damnificada. Habrá que ver si el magistrado lo admite, aunque las evidencias que existen hasta ahora apuntan a que los hermanos defraudaron a las Madres, no al Estado.

Envuelta en una bufanda roja, Bonafini se plantó ante el enjambre de micrófonos al salir de tribunales y dijo que no tiene temor de que la imputen a ella. Al contrario, cree que la Justicia “va a llegar a lo que queremos –advirtió–, que es que los responsables vayan a la cárcel para siempre”. La denuncia que le llevó a Oyarbide señala a los hermanos Schoklender como posibles jefes de una “asociación ilícita”, y también les atribuye los delitos de “administración fraudulenta y falsedad documental”. “Estoy segura de que el juez está trabajando muy bien”, comentó, en compañía del abogado Eduardo Barcesat. El letrado resumió que los fondos para la Misión Sueños compartidos de las Madres, que comenzó en 2006, “han sido parcialmente desviados a través de descuentos en entidades financieras para atender a proyectos personales y de enriquecimiento de los hermanos y ese elenco que actuó en función de partícipe”.

En la auditoría que iniciaron las Madres urgieron elementos, explican en la denuncia, que darían cuenta de que habrían sido defraudadas:

Aunque aclaran que no pueden “precisar adecuadamente” todavía “cómo operaba esta banda, a nuestras espaldas y con nuestro total desconocimiento, para sustraer los fondos que debían ingresar a la fundación”, “sí se ha podido determinar que los cheques de pago que contra las certificaciones de avances de obra entregaban las autoridades del Plan Federal de Vivienda, no todos eran depositados en cuentas de la fundación, sino que buena parte de los mismos eran ‘descontados’ en cuevas financieras”. “Esa operatoria”, afirman, era “siempre llevada a cabo por los ex apoderados, los hermanos Schoklender, por lo que era difícil controlar o saber qué correspondencia había entre lo percibido, lo descontado en las cuevas y lo efectivamente depositado en las cuentas de la Fundación”.

Las Madres sostienen que no tienen terminada la auditoría que están realizando pero afirman que “frente a las deudas que prima facie hemos podido determinar que registra la Fundación y los cuantiosos bienes personales y de las empresas que controlan los querellados, media una clara correspondencia, con el dato objetivo de que esos cuantiosos bienes expresan el apoderamiento del que fue víctima la Fundación”. En otras palabras, que los Schoklender se habrían quedado con dinero de las Madres mientras endeudaban a la organización de derechos humanos.

Oyarbide ya está embarcado en reconstruir la ruta del dinero y, de hecho, al secuestrar hace diez días chequeras que estaban en oficinas de la empresa Meldorek, de la que Sergio Schoklender es accionista mayoritario, pudo recoger algunos indicios de que habría recurrido a financieras o cooperativas para cambiar pagos del Plan Federal de Viviendas. Según los dictámenes de los fiscales Raúl Pleé y de Jorge Di Lello que se basaron en un trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que conduce José Sbatella, Meldorek habría sido utilizada para realizar operaciones dudosas de distinto tipo, junto con otra red de empresas que se sospecha que funcionaron como pantalla para blanquear dinero. El problema para la Justicia es que debe probar que el dinero fue efectivamente sustraído de Madres, porque la realidad es que buena parte de las empresas privadas cambian cheques. Schoklender afirma que los fondos se usaron para pagar sueldos, pero los fiscales creen que las cifras no se condicen. Ayer la UIF pidió ser tenida también como querellante en la causa.

Schoklender le compró el 90 por ciento de Meldorek al financista José Fernando Caparrós Gómez. Lo que le interesaba y por lo que en teoría pagó algo más de dos millones de pesos eran dos aviones registrados a nombre de ella. Los otros bienes de la firma (dos yates, un Porsche y una Ferrari) habrían quedado vinculados a Caparrós, a través de la firma Gorlac y de un poder irrevocable de venta. O sea que esos bienes, de los que se viene hablando desde el principio, no son de los Schoklender. Sí se quedaron con uno de los aviones y se menciona la existencia de varias propiedades en countries de Pilar. También en este aspecto, el juez y los fiscales deberán encontrar evidencia de que el supuesto enriquecimiento se originó en una defraudación.

El escrito de Bonafini dice que a raíz de la apertura de la investigación judicial, en la Fundación advirtieron que las tres camionetas con el logo de la institución, están inscriptas a nombre de Meldorek SA. “También nos hemos enterado de que en lugar de dos vehículos particulares, que eran los que empleábamos las Madres para nuestros desplazamientos, hay otros vehículos de cuya existencia no teníamos conocimiento y que eran, por lo visto, empleados por la banda para sus desplazamientos y beneficio personal”.

Bonafini revela que en la noche del 3 de junio “se produjo un vaciamiento documental en la sede de la Fundación, para lo que llegó a emplearse un vehículo blindado, propiedad de la fundación”. El episodio, precisa, coincide con el momento en que “estalló el conflicto” entre las Madres y los ex apoderados” y con “su núcleo de allegados que conformaron ciertamente la asociación ilícita”. “Esos movimientos, nocturnos y clandestinos, quedaron registrados en el libro del garage donde se guardan los vehículos de la fundación. La cantidad de movimientos ilustra sobre la función apropiadora y destructiva que se desarrolló por los querellados”, dice en alusión a los hermanos Schoklender.

Desde la semana pasada que se habla de la posibilidad de que los Schoklender queden detenidos, pero la realidad es que la investigación judicial es todavía incipiente y recién se está empezando a reconstruir qué destino tuvieron los 765 millones de pesos que el Ministerio de Planificación les dio a las Madres para construir viviendas. Lo cierto es que la denuncia de robo de documentación agrega un condimento diferente, que puede complicar el escenario de los ex apoderados de la fundación, ya que de corroborarse el juez podría considerarlo un indicio de que quieren entorpecer la investigación, una causal de prisión preventiva.