Desde que el presidente Sebastián Piñera anunció el pasado domingo que las nuevas medidas impulsadas por su gobierno para destrabar el conflicto estudiantil incluirían una reforma constitucional y cambios en la institucionalidad del sistema, las miradas de todos los sectores se posaron en La Moneda, pues ambos puntos son los temas medulares exigidos por los estudiantes que ya enteran dos meses en tomas, paros y movilizaciones.

Sin filtrar nada a la prensa, ayer Piñera junto al nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, revisaron durante horas la propuesta que bien entrada la tarde daría a conocer el secretario de Estado. Hace dos semanas, Bulnes reemplazó a Joaquín Lavín, el líder del partido de extrema derecha UDI, que no puedo tender lazos entre el gobierno y los estudiantes secundarios y universitarios por lo que fue removido del cargo.

Con anterioridad, el nuevo ministro ya había dado muestras de un estilo diferente y, quizás, una mejor cintura política, cuando accedió a sentarse en una misma mesa con los pingüinos, los universitarios y el colegio de profesores a discutir los temas. Su antecesor se negó rotundamente a ello, por lo que las confianzas estaban por el suelo.

“Existe confianza en que logremos destrabar el conflicto y recuperemos la normalidad en todos los ámbitos de la educación”, dijo Bulnes temprano. “Está redactada la respuesta y estamos afinando los últimos detalles. Les pido que me dejen planteárselos primero a los estudiantes y distintos agentes que recibiré y luego tendremos la oportunidad de profundizar y comentar sobre su contenido”, agregó al ingresar a La Moneda en medio de una infinidad de flashes y micrófonos.

Por esa hora, en diversos lugares de Santiago y de algunas ciudades importantes del país, jóvenes estudiantes encendían barricadas y cortaban el paso en varias avenidas. El saldo, 18 detenidos que anticipaban que lo que vendría no sería fácil.

A las 18 llegaron hasta el Ministerio de Educación los secundarios, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores, a los cuales se les entregó el documento que intentó responder al petitorio unificado llamado “Bases para un Acuerdo Social por la Educación”, que el movimiento estudiantil entregó al gobierno la semana pasada.

Tres horas después terminó la cita. El gobierno respondió uno a uno el petitorio de los estudiantes resumiéndolos en 21 puntos. A través de la página web del Ejecutivo, el ministro Bulnes señaló “la firme convicción de generar un gran pacto por la educación”. Aseguró además “la garantía de acceso al primer nivel de transición en la educación parvularia, estableciéndose el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde dicho nivel hasta la educación secundaria”.

Además sostuvo que “es deber del Estado garantizar la existencia de un sistema de educación superior de naturaleza mixta y promover mecanismos de acceso y financiamiento para que toda persona con los méritos respectivos tenga la oportunidad de ingresar a la educación superior”.

Asimismo incorporará como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo.” Así las cosas, la reforma constitucional en torno a estos conceptos será ingresada al Congreso en los próximos 60 días. La propuesta, que no tocó de manera tajante el lucro en la educación, incluye la posibilidad de desmunicipalizar el sistema público de enseñanza. La idea es que los municipios con mal desempeño tengan otras alternativas institucionales.

En el papel, el anuncio suena potente y fue calificado como un avance por los actores en conflicto. Sin embargo, los estudiantes como los profesores quedaron de analizar el documento y entregarán el fin de semana una contrapropuesta, tal como lo señaló Jaime Gajardo, presidente del magisterio. Camila Vallejos, presidenta de la Confech, añadió que la respuesta será formulada en conjunto por todos los estamentos eduactivos.

Al cierre de esta edición, nuevas barricadas cerraban algunas avenidas capitalinas como epílogo de una nueva jornada compleja, pero más esperanzadora del gobierno.