Desde Río de Janeiro

Hasta el último instante hubo peligro. Irritada por las exigencias del derechista Partido de los Demócratas, el DEM (una contradicción de raíz: es el nuevo nombre del mismo partido que, en tiempos de la dictadura, apoyó al régimen), poco después de las diez de la noche del miércoles la presidenta Dilma Rousseff rechazó cualquier nueva concesión a los que se oponían al decreto que instaura una Comisión de la Verdad para investigar los responsables (sin punirlos) por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 en Brasil.

En aquella noche, cuando el diputado derechista Antonio Carlos Magalhaes Neto (su abuelo ha sido uno de los grandes beneficiarios de la dictadura) expuso las exigencias de su partido, el DEM, los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, decidieron llamar por teléfono a Dilma, en Nueva York. La primera reacción de la presidenta ha sido contundente: no ceder ni un milímetro más. La conversación entre Cardozo y Dilma se dio en una circunstancia que bien ilustra la tensión: eran cuatro hombres y una mujer (Cardozo, el presidente de la Cámara, Marco Maia, del PT; la ministra Maria do Rosario; el líder del PT en la Cámara, diputado Candido Vaccarezza, y el ex guerrillero y actual asesor especial del Ministerio de Defensa, José Genoíno) reunidos en el minúsculo baño del despacho de Maia. Cinco personas en tres metros cuadrados, único local donde pudieron encontrar la privacidad exigida. Y entonces se le explicó a la presidenta, con todas las letras: o se aceptaba la exigencia o el proyecto sería retirado y no volvería a ser apreciado antes del año que viene.

¿Y cuál era la exigencia del DEM? Que la Comisión de la Verdad no incluyese a ningún ex integrante de movimientos que se opusieron a la dictadura, ni por familiares de víctimas ni siquiera por quien tuvo militancia pública contra el régimen militar. El proyecto ya prohibía la participación de militares y policías, bien como sospechosos de haber practicado torturas, asesinatos y secuestros. Con la enmienda del DEM, tampoco podrán participar abogados de presos políticos, por ejemplo.

El proyecto fue enviado al Congreso con carácter de “urgencia urgentísima”, lo que impone un acuerdo previo para no ser debatido en el pleno de Diputados y ser votado por los líderes de los partidos, tanto de la alianza de gobierno como de la oposición. Dilma y sus asesores directos temían que, en un eventual debate, fuesen presentadas enmiendas inaceptables tanto por los movimientos de defensa de derechos humanos como de los militares. Para llegar a eso, el gobierno ya había, desde la presidencia de Lula, negociado línea por línea con los militares y con los partidos de oposición. Cuando surgieron exigencias de última hora, Dilma perdió la paciencia.

Tensión máxima en la alianza oficialista, tensión máxima en la oposición: en vísperas de la sesión del miércoles, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso llamó por teléfono al líder de su partido, el PSDB, en la Cámara, diputado Duarte Nogueira, pidiendo que se aprobase el proyecto del gobierno. Diputados del PSDB consideraron la intervención de Cardoso como

inoportuna. Al final, todo resultó: se aprobó un proyecto debilitado, pero que es mejor que nada. Tal y como estaba previsto, no habrá castigo para los responsables por el terrorismo de Estado. Ningún torturador, ningún secuestrador, ningún asesino será punido. La comisión tendrá siete miembros, por un período de dos años. No podrán ser dirigentes partidarios ni ocupar cargos en el gobierno, y quien tuvo militancia contra la dictadura estará vetado. En contrapartida, el resultado de los trabajos de la comisión podrá ser consultado por cualquiera, en el Archivo Nacional.

Ahora, el texto sigue para el Senado. Si es aprobada, esa comisión será el tercer grupo que Brasil crea luego de la democratización, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura militar. Las otras dos surgieron en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, él mismo un exiliado en los tiempos del régimen militar. En su primer gobierno (1995-1998), Cardoso creó una Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos que, entre otras iniciativas, reconoció oficialmente que por lo menos 136 “desaparecidos” fueron asesinados por militares. Otra estableció indemnizaciones a víctimas de la represión y sus familiares, en casos de asesinatos.

No es, desde luego, lo que esperaban amplios sectores de la sociedad brasileña. Pero es lo que se logró. Como en una canción cantada por Alfredo Zitarrosa, Dilma Rousseff “quiso querer, pero no pudo poder”. Logró algo, que es mejor que nada.