Oscar Vilhena Vieira no esquiva ningún tema. Invitado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas analiza el futuro de la Comisión de la Verdad de Brasil, destaca el avance en materia de derechos sociales, pero propone una reforma estructural del sistema de aplicación de la ley penal. Antes de participar en el IV Seminario Internacional de Políticas de la Memoria que comenzó ayer en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Vilhena Vieira afirma ante Página/12 que el ex militar y diputado brasileño Jair Bolsonero, quien señaló que la Comisión de la Verdad era una farsa, representa al sector más radical y minoritario de las Fuerzas Armadas. “Su posición en el Parlamento no es seria. Sin embargo, es evidente que las Fuerzas Armadas no quieren que la Comisión identifique a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura. La discusión que se abre en Brasil es cuál será su mandato. La sociedad civil presiona para que la información sobre el período de la represión sea pública”, sostiene.

–No es la primera vez que Brasil realiza una investigación sobre lo sucedido durante la dictadura. Hubo una iniciativa que surgió en la presidencia de Fernando Henrique Cardoso.

–Esa experiencia surgió para ubicar a las víctimas e iniciar un proceso de reparación económica. Entonces pudimos saber quiénes habían sido encarcelados, torturados, muertos o desaparecidos por la dictadura. Esa comisión se llamó de los muertos y los desaparecidos.

–Pero falta determinar las responsabilidades penales de esos crímenes.

–El Supremo Tribunal Federal negó la posibilidad de que esos delitos sean castigados penalmente. Esta comisión trabajará en la reconstrucción de la verdad y la atribución de responsabilidades para saber quiénes dieron las órdenes, quiénes las ejecutaron y publicará esa información.

–Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre la Ley de Amnistía vigente en Brasil y la necesidad de juzgar esos crímenes.

–La Ley de Amnistía nació en 1979 como un acuerdo entre dirigentes de la oposición y militares para garantizar el proceso de transición. Fue un hecho político. Asumiendo una posición equivocada e inadecuada, la Corte Suprema no analizó ese pacto. La CIDH ha señalado que una Ley de Amnistía hecha por aquellos que van a sacar provecho de ella es una ley ilegítima. Hoy la Corte desafía a la CIDH y desconoce sus recomendaciones.

–Esa Corte fue constituida durante la dictadura militar.

–Hace tres años estaba formada por jueces que habían sido nombrados en la dictadura. Pero en el último tiempo, la Corte comenzó a tener un rol más progresista en la sociedad brasileña.

–¿Qué peso tienen los Supremos en esta nueva coyuntura?

–Normalmente, la Corte reafirma las decisiones del sistema político. Sin embargo, en el derecho a huelga de los trabajadores de la administración pública aplicó la misma legislación disponible para los trabajadores privados. Fue una medida que en el lenguaje jurídico llamamos “activista”. La Corte abrió una puerta en un terreno donde había un vacío legal. Del mismo modo ocurrió con la unión entre personas del mismo sexo, un tema que el Parlamento no enfrentó durante años.

–¿Algo similar sucedió con el acceso a la salud y la educación?

–El Estado tiene la obligación de brindar medicamentos a todas las personas y educación para favorecer la inclusión de los niños. En términos sociales, la Corte ha sido progresista.

–Podría decirse que las altas tasas de criminalidad llevaron a los gobernantes a ser complacientes con el modo en que actúa la policía.

–Todo indica que los gobiernos no tienen ganas de enfrentar este problema.

–Eso implica un costo político.

–Si la policía fuese más confiable y la aplicación de la ley fuera más justa, habría un mayor control de la criminalidad. En buena medida, la eficiencia policial depende de la confianza que despierta en la sociedad, pero la población le teme. Las estructuras policiales tienen mucha autonomía. Existe un pacto tácito entre el poder político y esas fuerzas, que, a su vez, pactan con el crimen.

–Un serio problema para una de las economías más pujantes del mundo.

–No sólo tenemos una policía del siglo pasado. Los sistemas de Justicia tienen el deber de controlarla y no lo hacen. Si Brasil quiere dar un salto de desarrollo más sustentable debe hacer una reforma estructural del sistema de aplicación de la ley penal. Caso contrario, tendremos una economía fuerte, pero una sociedad frágil en la aplicación del derecho.

–¿En qué se diferencia la visión de Lula de la posición de la presidenta Dilma Rousseff respecto de los derechos humanos?

–Con su atención sobre la pobreza, la educación y la salud, ambos refuerzan la importancia de los derechos sociales. Dilma tiene una sensibilidad mayor para los derechos civiles. El gobierno de Lula no avanzó mucho en la creación de la Comisión de la Verdad. Dilma ha dado indicaciones claras de ruptura, instruyendo a sus ministros para que empujen esa iniciativa en el Congreso. Me parece que Dilma tiene una posición mucho más sólida en derechos humanos, pero no deja de prestar atención cuando estas cuestiones pueden generar un obstáculo a su política de desarrollo. Esa es la crítica que puede hacérsele.