El juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA entró en la lógica de una partida de ajedrez. La renuncia del abogado Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, desató un efecto en cadena que suspendió una semana el proceso. Faltan pocos días para el veredicto previsto para mediados de octubre, pero a la luz de los dos años de juicio aún esas dimensiones parecen eternas. Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas. Revisarán el caso Walsh y el de María Cristina Lennie, entre otros. La semana próxima responderá la defensa de los marinos que, de acá en adelante, seguramente intentará buscar todas las formas posibles para seguir retrasando el veredicto.

Acaso la intención de demorar el final del juicio pudo empezar a verse en los últimos días. El abogado Alfredo Solari representaba a seis marinos, entre ellos al represor Ricardo Cavallo. Su renuncia generó un dislate en la sala de audiencias. El Tribunal Oral Federal 5 ese día le había encargado además la representación de Julio César Coronel, otro imputado cuyo abogado (que además es su hijo) no estaba en la ciudad. En los últimos días, los seis marinos que eran representados por Solari nombraron a un nuevo abogado: Olmedo Barrios, con domicilio en La Plata, quien pidió un plazo de diez días para ponerse al tanto de la causa. Un plazo que puede hacer demorar nuevamente todos los plazos y que alguno se ocupará de pedir que quede reducido al mínimo legal disponible: tres días en total.

Barrios lleva adelante la defensa de otros represores en varias causas por delitos de lesa humanidad y una firma con su nombre aparece entre los abogados de la Agrupación por la Justicia y la Concordia, que en una carta abierta al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se quejan por el avance de los juicios. Su nombre aparece como autor de un blog que recientemente publicó la carta en la que Francisco Solari se define como perseguido político porque un alumno suyo de la Facultad de Derecho denunció sus posturas pro dictadura.

En ese contexto, el juicio oral hoy debería empezar con la etapa de réplicas. Primero hablará la fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky durante unas tres horas, aunque no “replicarán”, sino que responderán “planteos de las defensas”. La diferencia entre uno y otro criterio no parece sólo semántica porque permitiría ganar días, pero la fiscalía dice que es por otra razón: “No hay réplicas porque realmente en este caso no corresponden”, explicaron. El planteo no va a discutir hechos o pruebas, sino ejes como el de “cosa juzgada” o la prescripción de las causas.

Luego será el turno de las querellas integradas por los organismos de derechos humanos. Volverán sobre algunas claves de los alegatos, entre ellos algunos tramos con los que intentaron avanzar sobre criterios duros y ortodoxos de la Justicia, cuestionados más tarde por las defensas. Pero retomados aun así en otros ámbitos judiciales, como sucedió por ejemplo con el caso de la violencia sexual.

Entre esos puntos más críticos volverán al caso Rodolfo Walsh. La defensa objetó que el caso haya empezado por “privación ilegal de la libertad y tormentos” y termine con una imputación extra por homicidio. Eso que para la lógica penal es un problema de “derecho”, para las querellas en cambio es un hecho habilitado porque el juicio arrojó pruebas claras de la presencia del cuerpo asesinado de Walsh dentro de la ESMA. Algo similar ocurre con el caso de María Cristina Lennie, que tomó cianuro cuando iba a ser secuestrada por una patota de la ESMA en 1977. La ingesta, hasta aquí leída como “suicidio”, el CELS la enmarcó como “homicidio”, por “una situación que en forma dolosa crea el autor mediato, que deviene penalmente responsable”. El caso Lennie es importante no sólo en el juicio ESMA, sino como lógica para revisar el modo en el que se investigan las hasta ahora muertes de otros militantes políticos.