“Mátenme si les da la gana”, dijo un Rafael Correa visiblemente exaltado, conmovido, poniendo literalmente el pecho en las horas de incertidumbre que se vivían hace un año en Ecuador, cuando un levantamiento policial apoyado por un sector del ejército hacía peligrar la democracia del país. Correa afirma haber sido rehén de los uniformados en el hospital de la policía durante diez horas. Lo salvó el apoyo manifiesto de cientos de personas que se dirigieron al centro médico para respaldarlo, así como la lealtad de los altos mandos militares que se enfrentaron con los policías insurrectos para rescatarlo, no sin poder evitar que hubiera víctimas.

Lo que empezó en la mañana del 30 de septiembre como una protesta de un grupo de policías por la quita de unas condecoraciones derivó en una jornada trágica que quedará en la memoria colectiva, con un saldo de diez muertes, aún por esclarecer. Mientras que el gobierno sostiene que ese día ocurrió un intento de golpe de Estado con riesgo de magnicidio, la oposición afirma que se trató de una insubordinación policial por un cambio en los salarios.

Jorge Muñoz Sánchez, subdirector de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, adscribe a la versión del oficialismo. “El 30-S fue un intento de golpe de Estado. Lo curioso es que se buscó aprovechar una tradición que en Ecuador se dio en los años ’90: la caída de los gobiernos por la presión del pueblo en la calle. Sucedió con Abdalá Bucaram, con Jamil Mahuad, con Lucio Gutiérrez. Los golpistas creyeron que la población iba a reaccionar en contra de Correa. Pero ocurrió lo contrario: la gente salió espontáneamente a brindarle su apoyo. La reacción popular descalabró el golpe”, dijo Muñoz a Página/12 en Buenos Aires, en donde participó de las II Jornadas de Historia en el Centro Cultural de la Cooperación.

Muñoz señala que otro de los factores que impidió que prosperase la asonada fue que hubiera imágenes que registraran en vivo los acontecimientos. “A las 9 de la mañana, el presidente se dio cuenta de que había un golpe en marcha, entonces ordenó la cadena nacional para que las radios y las emisoras de televisión transmitieran lo que estaba pasando. A los golpistas les falló el control de la información.”

Jenny Londoño López, socióloga de la Universidad Central de Ecuador, agrega un elemento que –dice– no mencionan los diarios opositores. “Correa les quitó a los policías el manejo que tenían del tránsito, allí donde ganaban más dinero por el cobro de coimas. Ese es el descontento más grande. En el tiempo que pasó se ha ido destejiendo una serie de mentiras sobre lo sucedido. La mayoría de la prensa decía que no había habido ningún intento de golpe, hasta se llegó a decir que el gobierno había montado todo esto para asegurarse en el poder.”

Un año después de la jornada trágica, los familiares de las víctimas expresan su frustración por la falta de avances en el esclarecimiento de lo sucedido. Cinco civiles murieron en Guayaquil por la violencia desatada porque la policía no salió a patrullar, mientras que en Quito murieron un civil, dos policías y dos militares en los enfrentamientos entre los uniformados sublevados y los militares leales al gobierno. Aquel 30 de septiembre, el estudiante universitario Juan Pablo Bolaños, al igual que cientos de personas, acudió al centro médico bajo la consigna de salvar al presidente. Olga Fernández criticó la lentitud de la investigación sobre la muerte de su hijo. “Me siento disconforme porque no han hecho nada”, dijo a la televisión pública local. En la reconstrucción de los hechos la semana pasada, en la que participaron el fiscal y testigos, se concluyó que las balas que alcanzaron a Bolaños provenían de la sede del regimiento de Quito, contiguo al hospital y epicentro del levantamiento. Bolaños murió en medio del enfrentamiento entre policías y militares.

Por lo sucedido el 30-S fueron condenados nueve policías, seis de ellos miembros de la escolta legislativa que impidieron que los asambleístas celebraran un pleno y otros tres que estuvieron presentes en el regimiento de Quito durante la revuelta. La Justicia absolvió al entonces director del hospital policial, César Carrión, y al ex coronel Fidel Araujo, considerado por el gobierno uno de los instigadores del levantamiento. Otro de los instigadores, según Correa, habría sido el ex presidente Lucio Gutiérrez. Pero Gutiérrez no tuvo que presentarse ante un tribunal.

El asambleísta opositor César Montúfar denunció que mientras que se procesó a los policías que estuvieron implicados en la sublevación, no hay “un solo acusado o detenido por los muertos” del 30-S. En ese sentido apostó para que una instancia internacional como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realice una investigación que permita esclarecer los hechos. El presidente afirmó a la cadena Telesur que no se opondría. “No tengo ningún problema que venga una comisión internacional a investigar los hechos del 30 de septiembre, molesta la hipocresía de la oposición.”

Un año después quedan interrogantes sin responder. Como, por ejemplo, por qué una parte de los indígenas, base electoral del gobierno, apoyó el levantamiento. O por qué el ejército no intervino antes. “El rescate al presidente demoró. Debió haberse hecho antes. Los militares dicen que esperaron que cayera la noche para actuar y operar de mejor manera. Yo creo que especularon un poco a ver bien para dónde se inclinaban”, señala Muñoz. Si hay por lo menos dos versiones de lo ocurrido, también son dos los modos de recordar la fecha. El oficialismo convocó a un acto por el “Día en que triunfó la democracia”; la oposición no se va a manifestar.