Desde Santiago

Luego de que el gobierno de derecha que conduce Sebastián Piñera firmara un proyecto de ley que incorpora nuevas figuras delictuales, las críticas llovieron a raudales. Esto porque la disposición, que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos, llega justo en medio de fuertes protestas sociales, en especial las marchas y movilizaciones que han llevado adelante por cinco meses los estudiantes chilenos.

Así las cosas, los manifestantes que participen en tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades podrían arriesgar una pena de cárcel de hasta tres años, pues transforma en delito la “ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, ya sean fiscales, municipales o privados.

Un golpe justo al corazón de la principal arma de presión que ha tenido el movimiento estudiantil y que ha puesto en jaque el cierre del semestre escolar de no haber avances en las tratativas con el gobierno. La iniciativa pretende además castigar la falta de respeto a policías, regular las sanciones por bombas incendiarias y establece como agravante el actuar “encapuchado” (a rostro cubierto).

“El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales”, dijo Piñera tratando de levantar uno de sus “ofertones” de campaña: rebajar la criminalidad en el país, situación que según las encuestas sigue siendo mal evaluado por la ciudadanía.

“Vamos a tramitar el proyecto de desórdenes públicos con urgencia”, agregó ayer el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aumentando las críticas de los dirigentes estudiantiles y de la oposición. “Los desórdenes públicos van a ser un delito. Y cuando, con fuerza, con violencia, se produzcan saqueos, tomas de edificios públicos o privados, entre ellos hospitales, establecimientos educacionales, religiosos, calles o servicios públicos, se va a estar cometiendo un delito... Tenemos que evitar que minorías secuestren los derechos de las mayorías”, agregó Hinzpeter.

En ese escenario, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, dijo que la medida “responde a la lógica de mirar el síntoma y no revisar la enfermedad. Siento que lo que se está atacando nuevamente y lo que se está haciendo es una mirada bastante superficial del tema”.

Precisó que él participó en la toma de su universidad y “fue absolutamente pacífica, en la cual estudiantes junto a trabajadores y docentes realizaron planes de trabajo en torno del arte y de la cultura. Por lo tanto, en ningún caso pensaría que eso es una actitud criminal. Hay que revisar muy bien esas leyes, que probablemente tienden a la represión, y analizar caso por caso”. El también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aglutina a las universidades tradicionales, insistió en radios locales que “nunca ha sido un hobby el tomar un colegio o el parar las clases, es un reflejo, un grito al cielo y un llamado a que las autoridades, en este caso, la ciudad en su conjunto, reflexionen frente a la marginalidad, la segregación y frente a los problemas sociales que se están viviendo en nuestro país”, concluyó.

Los jueces también entraron al ruedo, luego de que en el marco de este proyecto Piñera cuestionara las libertades decretadas a algunos imputados por agresiones a carabineros. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, calificó las declaraciones como “improcedentes”, debido a que se inmiscuyen “en las facultades de otro poder público”.

Finalmente, parte de la oposición coincidió en se trata de una señal más de la incomprensión del gobierno de lo que ocurre en la sociedad, debido a que apenas reiniciado el diálogo con los estudiantes reitera su comprensión del fenómeno como una cuestión “eminentemente subversiva”, según sostuvo el diputado opositor Pepe Auth.