Un informe sobre derechos humanos reveló ayer la criminalización de la protesta social en Chile y el incumplimiento del respeto de los derechos fundamentales durante las movilizaciones masivas impulsadas por el movimiento estudiantil que reclama reformas estructurales a la educación. La protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad, que se consolidan como una tendencia en la sociedad chilena, sostuvo la novena versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, publicado ayer por la Universidad Diego Portales.

“Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia (1990), pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados”, afirma el documento. La protesta social en Chile posee “un entorno de restricciones tanto desde la perspectiva del ejercicio de derechos constitucionales, como de restricciones que van desde amenazas de prohibición a regulaciones innecesarias o injustificadas en una democracia y proyectos de ley que buscan desplazar el eje de responsabilidad por el resguardo del orden público desde el Estado a los particulares”. “La responsabilidad por la mantención del orden durante las manifestaciones corresponde al Estado y sus fuerzas de orden público, no a los manifestantes ni los organizadores.”

“A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanzaaguas, disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”, denunció el informe.