Después de los hechos de violencia y choques raciales que marcaron la agenda de agosto en el Reino Unido, el gobierno británico ensaya una salida de mano dura con un proyecto que propone una drástica reducción de la inmigración. La ministra del Interior, Theresa May, ofreció ayer un duro discurso en el congreso anual del Partido Conservador. Allí anunció una modificación de la legislación para facilitar la expulsión de extranjeros que hayan estado en prisión y que invoquen el derecho a la familia como argumento para permanecer en el país. En su arenga ante el plenario de los tories, May enfatizó la necesidad de rebajar y controlar el número de inmigrantes y propuso la eliminación de la ley británica de derechos humanos, norma que traspone el contenido de la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación local. Cargó además contra la herencia del gobierno laborista y lo responsabilizó por los perjuicios que la “inmigración descontrolada” ocasiona a las infraestructuras y a los servicios públicos, al saturar los sistemas de transporte público y forzar a escuelas y hospitales a arreglárselas con un repentino aumento en la demanda.

Sin duda, el debate generado alrededor de la inmigración fue una de las cuestiones más comentadas y polémicas del congreso conservador que comenzó el domingo pasado y será clausurado hoy con la intervención del primer ministro, David Cameron. “Nuestro objetivo es rebajar la inmigración neta a decenas de miles”, dijo May sin ningún tipo de pudor. Su discurso ofuscó al ministro de Justicia, Kenneth Clarke, quien salió a aclarar posteriormente en algunos medios británicos que “cada uno tiene derecho a tener una opinión” sobre este tema. Sin embargo, May sostuvo que la coalición de conservadores y liberal-demócratas puso un límite a la inmigración que no proviene de la Unión Europea. “Con el laborismo, la inmigración temporal les dio derecho automático a permanecer en el país”, aseguró la ministra del Interior.

“Un mundo donde quepan todos los mundos.” Lejos del postulado esbozado por el zapatismo mexicano, May mencionó uno a uno los estereotipos enarbolados por sectores radicales del Reino Unido –y del resto de Europa–, ante algunos delegados que mostraron gestos de sorpresa e incredulidad por sus afirmaciones. “Todos conocemos historias sobre la ley de derechos humanos –generalizó–. El traficante de drogas que no puede ser deportado porque tiene una hija aquí, por la que no paga manutención; el ladrón al que no se lo puede expulsar porque tiene novia; o el inmigrante ilegal que no puede ser deportado porque (y no lo invento) tiene un gato”, enumeró. May opinó que el derecho a la vida familiar no debe desbaratar el sistema migratorio nacional. Y se lamentó por los abusos cometidos gracias a los visados otorgados a estudiantes.

Según la ministra, la ley británica de derechos humanos representa una traba para su cartera, al ser empleada por ex convictos extranjeros para bloquear su deportación y permanecer en el país. Los conservadores creen que la raíz del problema está en la interpretación que los tribunales británicos hacen de esa norma. La ley de derechos humanos, sancionada en 1998, pretende facilitar la aplicación y el reconocimiento en el Reino Unido de los principios postulados en la Convención Europea en materia de derechos humanos. De esta manera, en caso de litigio, no habría que acudir en primera instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

May también se refirió a los graves disturbios ocurridos en agosto en varias ciudades inglesas. Durante su alocución, la funcionaria descartó que esas causas estuvieran vinculadas con cuestiones de política o pobreza y, en cambio, adjudicó sus causas a la avaricia y la delincuencia de quienes se manifestaron en las calles. Sobre este tema reconoció que hay lecciones que aprender y subrayó la necesidad de reforzar los poderes de la policía, cuya intervención fue criticada no bien estalló la ola de violencia que comenzó el 6 de agosto en el barrio de Tottenham, en Londres, después del asesinato de Mark Duggan, un taxista de 29 años y padre de cuatro hijos.

En su defensa de la acción policial, May cargó nuevamente contra los laboristas y los acusó de haber convertido a la policía en “un servicio burocrático”. Recordó que los agentes no son trabajadores sociales, pues su misión es controlar la delincuencia.

Desde hace unos años, la inmigración se ha vuelto un tema prioritario para los gobiernos europeos. A mediados de 2002, Austria, Italia, Dinamarca, Holanda y Portugal, junto con el Reino Unido, adoptaron diferentes medidas para frenar el desembarco masivo de inmigrantes. El control de las fronteras fue uno de los ejes principales abordados durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, celebrada en junio de 2002 bajo presidencia española.

En esa oportunidad se sentaron las bases para motorizar un programa de repatriaciones con una expulsión masiva de inmigrantes. Desde enero de 2003, buques de España, Francia, Reino Unido, Portugal e Italia vigilan el Mediterráneo para controlar la llegada ilegal de pateras. En junio de ese año se aprobó un nuevo paquete de medidas para reforzar el control de las fronteras e impulsar la creación de una policía fronteriza común y un departamento único que coordinara esa tarea.