Con una adhesión estimada por los gremios en un 98 por ciento, los docentes porteños cumplieron ayer un paro de 24 horas y protagonizaron una masiva movilización, en rechazo al proyecto del gobierno de Mauricio Macri para modificar el Estatuto del Docente. Los manifestantes se concentraron en las puertas de la Legislatura, en cuyo interior el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, defendió su proyecto para reemplazar las Juntas de Clasificación docente –organismos encargados de los concursos para designaciones y ascensos de maestros y profesores– por un organismo cuyos integrantes son designados por el Ejecutivo. En la audiencia expresaron sus críticas legisladores de la oposición y dirigentes de casi todos los gremios que adhirieron a la protesta. Le pidieron al ministro que retire el proyecto e inicie un proceso de diálogo y consenso. Algunos docentes, amparados en dificultades personales, expresaron en cambio su apoyo a la modificación.

El Salón Montevideo estaba colmado, poco después de las 15, cuando comenzó la reunión de la Comisión de Educación. El oficialismo había copado el lugar con “funcionarios y empleados del ministerio, que tuvieron asueto”, según afirmó el diputado Francisco Nenna. También ingresó un grupo de docentes que acompañaron a los dirigentes gremiales. Sumados los asesores y periodistas, el ambiente se tornó agobiante e irrespirable.

El proyecto que Bullrich presentó a través de los diputados Victoria Morales Gorleri, Enzo Pagani (PRO) y Juan Pablo Arenaza (Coalición Cívica) modifica de raíz el sistema de concursos para la designación, traslados y ascensos de docentes. Hasta ahora, el sistema está a cargo de catorce Juntas de Calificación: dos para primaria y una para cada uno de los niveles o áreas. Cada junta está integrada por nueve miembros, seis elegidos por los docentes, en elecciones de todo el sector, y los otros tres son nombrados por el ministerio.

Tanto quienes propician el cambio como los que se oponen admiten que al menos seis de las juntas funcionan a la perfección mientras que en algunas de las otras ocho, correspondientes a nivel medio, se registran demoras en los concursos. Muchos de esos problemas obedecen a carencias tecnológicas, ya que los datos de legajos y puntajes deben cargarse en el sistema en forma manual.

La propuesta del ministerio incluye la informatización del sistema, que incluye la posibilidad de que los docentes se inscriban por Internet y de que los datos de su legajo y los puntajes puedan ser consultados on line. Esa innovación, que es largamente reclamada por los docentes a éste y a anteriores gobiernos, se presenta ahora como un Caballo de Troya que trae consigo el reemplazo de las juntas.

Según coincidieron ayer los representantes gremiales y los legisladores que vienen de la actividad docente, se trata nada menos que del cogobierno por parte de maestros y profesores en el sistema educativo, lo que garantizaría la transparencia en las designaciones y ascensos.

Lo explicó con claridad el titular de UTE, Eduardo López: “Hoy, en los concursos para ascensos, los jurados son tres y están elegidos por la junta, que tiene composición mixta, de trabajadores y del Estado; si se aprueba el proyecto de Bullrich, los jurados van a ser nombrados por la Oficina Unica de Clasificación; entonces, una secretaria que no entrega la lista de estudiantes que participaron en las tomas, o que no pasa los descuentos de los días de paro, nunca va a llegar a directora”.

“Lo que quieren es disciplinar a los docentes”, concluyó López.

Algunos docentes denunciaron casos individuales de supuestas arbitrariedades en las Juntas de Clasificación. Y una madre se quejó porque las maestras de sus hijos pegaron en el cuaderno de comunicaciones una nota en la que se compara el proyecto de Macri con las políticas de las dictaduras militares.

En tren de comparaciones, Bullrich cotejó los estatutos del docente de las provincias con el porteño y dijo que el de la ciudad es “el más engorroso y lento”. Insistió con que “muchos de los trescientos docentes que trabajan en las juntas podrían estar cubriendo funciones al frente de las aulas”, cuestionó las titularizaciones masivas de profesores de media que hace periódicamente la Legislatura y mencionó informes de auditorías de 2002, 2004 y 2009 en los que se cuestionaba el funcionamiento de algunas de las juntas y agregó que, desde 1986, cuando se puso en vigencia el Estatuto, la Legislatura le hizo 51 modificaciones. “Lo que buscamos es mejorar la calidad educativa. Lo demás, es discurso para la tribuna”, cerró Bullrich, con un cerrado aplauso de su tribuna.

La diputada Delia Bisutti replicó: “¿Por qué su gestión no hizo nada para mejorar lo que cuestionó la auditoría en 2009, y ahora quieren imponer una reforma a través de un proyecto que no fue consultado con los gremios?”. Para la legisladora, “el Estatuto es el convenio colectivo de trabajo de los docentes y debe ser modificado en una paritaria”.

María Elena Naddeo opinó que tal vez sean necesarios más de trescientos docentes para evaluar un sistema de 60 mil. “Plantean una reforma sin consulta previa, crean un conflicto y provocan el primer paro del año”, se asombró. Y concluyó que “comprometiendo la normalidad de las clases, sospechamos que quieren favorecer a las escuelas privadas”.

“Todos los proyectos de reforma del estatuto fueron discutidos con los sindicatos, menos este”, se extrañó Laura García Tuñón (Proyecto Sur). “Las titularizaciones a las que se refiere el ministro se hicieron con el consenso del PRO”, le respondió a Bullrich. Y denunció que algunos concursos están atrasados porque “el ministerio no publica las listas” de aspirantes y reclamó las mejoras de tecnología para las juntas “que siguen trabajando con el viejo sistema DOS”.

Sergio Abrevaya, con una posición equidistante entre el ministerio y los gremios, se pronunció en contra del proyecto tal como está: “No es posible que el sistema educativo tenga a los docentes fuera de sus lugares de decisión”. Su opinión es importante pues parte de su bloque, la Coalición Cívica, podría dar los votos que necesita el proyecto para ser aprobado (ver recuadro).