Para Gilad Shalit y más de 400 palestinos se acerca el momento de recuperar la libertad gracias a que Israel y Hamas acordaron desempolvar un viejo reloj hundido en la arena. Pese a haber avanzado en el canje de prisioneros, un documento difundido la semana pasada por el Ministerio de Asuntos para detenidos y ex detenidos de la Autoridad Palestina (AP) denuncia los abusos cometidos en prisiones israelíes. Bajo el nombre “Huelga de hambre en las cárceles de la ocupación”, el despacho enumera las causas de la protesta que los presos palestinos iniciaron para reclamar mejoras en sus condiciones de encierro. De un universo aproximado de 6000 prisioneros confinados en 22 unidades penitenciarias, 285 presos son menores de edad y 28 son mujeres. 270 reos permanecen en estado de “detención administrativa”, apresados por tiempo indeterminado sin juicio ni condena firme. Tanto Israel como los palestinos publicaron ayer el listado con la nómina de quienes se espera sean liberados mañana a cambio del soldado franco-israelí (ver aparte). Ni Marwan Barguti, condenado a cinco cadenas perpetuas, ni el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat, figuran en la lista de posibles excarcelados.

En el texto, la AP señala que 143 palestinos permanecieron más de veinte años encarcelados. Otros veintidós pasan su encierro en aislamiento absoluto. La protesta de los presos comenzó el 27 de septiembre a partir de la decisión del gobierno israelí de imponer procedimientos arbitrarios y severas sanciones a los detenidos en los últimos meses; violando, de este modo, las prescripciones del derecho internacional y los protocolos para personas privadas de su libertad. Asuntos para detenidos y ex detenidos señala que esas sanciones son un precedente en la violación del derecho de los reos y ofrecen cobertura legal a actividades inhumanas.

“Huelga de hambre en las cárceles de la ocupación” enciende una luz roja y destaca que la decisión de las autoridades carcelarias de castigar a los presos se materializa en una prohibición del acceso a una matrícula universitaria y al Tawjihi (Diploma secundario); continuidad de políticas de aislamiento; suspensión de visitas por extensos períodos; restricción de la circulación de libros y periódicos; detenidos que durante las visitas son atados de pies y manos; requisas nocturnas en allanamientos que incluyen robos; poco o nulo acceso a atención médica; separación de familiares encerrados en una misma cárcel.”

Desde Ramalá, Mohamed Odeh, presidente del Comité para América latina de Al Fatah, señala en diálogo telefónico con Página/12 que si bien la huelga de hambre comenzó con un puñado de presos, cada vez son más los que se suman a la medida. “Algunos estaban muy mal de salud y fueron trasladados a hospitales. Pero llegará el momento en el cual todos estén en huelga de hambre”, alerta el dirigente y sospecha que Ahmad Saadat, detenido desde hace siete años, habría sido enviado recientemente al hospital de al-Ramla para ser asistido. Odeh no duda que la medida de fuerza gravitó en el canje de presos. “Si no fuera por la huelga de hambre, no habríamos llegado a un acuerdo. Es una herramienta de los detenidos para presionar. El gobierno de Israel se empeña en vender al mundo una imagen de fortaleza. Pero esta vez liberarán muchos prisioneros con cadenas perpetuas. Aunque pretendan mostrarnos una y otra vez como intransigentes al diálogo, está claro que si llegamos a la mesa de negociación es porque los palestinos podemos alcanzar acuerdos”, sostiene el dirigente de Al Fatah.

La semana pasada la Liga Arabe elevó un pedido ante la Asamblea General de Naciones Unidas para que se investigue la situación jurídica de los palestinos presos en cárceles israelíes. Issa Qaraqe, ministro de Asuntos para detenidos y ex detenidos de la AP se reunió en El Cairo con Nabil al-Arabi, secretario general de la Liga Arabe, donde discutieron el alcance de la huelga de hambre. La asociación de derechos humanos Addameer, por su parte, invitó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para poner fin al maltrato carcelario. Qaraqe admitió, desde la capital egipcia, que solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional de La Haya constituye un enfoque estratégico. “El pedido que enviamos demanda una opinión consultiva del tribunal sobre el contexto legal de los palestinos y árabes encarcelados, y sobre el estatus como detenidos en relación al derecho internacional y a la Convención de Ginebra”, confió el funcionario. Al-Arabi instó además a los países que suscribieron a la convención a que empujen la investigación.

Nour Odeh, asesora en comunicación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), defiende la liberación de cada preso como un avance. “La libertad de un palestino es una noticia que recibimos con mucha felicidad –destaca–. El asunto de los prisioneros es una causa que afecta a nuestro pueblo y que cuenta con el apoyo de todos.” Aunque se moviliza por la inminente liberación de los presos Odeh no olvida que la huelga de hambre sigue adelante. La mujer no esconde su temor por la suerte que puedan correr los huelguistas, que ya llevan más de 15 días de protesta, y confirma que muchos fueron aislados. Y señala que en algunos casos, como en la prisión de Ofer, fueron forzados a hacer ejercicio físico durante varias horas para cansarlos. “El sistema jurídico discrimina a los presos palestinos al rechazar las peticiones de organizaciones de derechos humanos como Physicians for Human Rights, que sugieren la necesidad de enviar a médicos a las cárceles”, agrega.