A un mes de la muerte de cuatro adolescentes (uno de 16 y tres de 15), quemados en una celda de la Alcaidía de Catamarca, una de las juezas, Ana María Nieto, quien había ordenado una de las detenciones, renunció a su cargo, con lo que abrió el camino a ser investigada por la Justicia. La otra, Ilda Figueroa, mantiene su licencia por estrés psicológico. Los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago habían pedido que se investigara a las magistradas, pero el juez que recibió el pedido lo rechazó por una supuesta inconstitucionalidad. Otro juez también hizo lo mismo al pedido de investigar al ministro de Gobierno, Luis Oscar Silva. Los fiscales apelaron y esta semana la Cámara debería responder. También denunciaron penalmente a la Corte catamarqueña por incumplimiento de sus funciones de superintendencia al no verificar la tarea de las juezas.

El gobierno del radical Eduardo Brizuela aseguró en su momento que la Alcaidía estaba preparada para recibir adolescentes. Lo que no explicó es en qué condiciones los mantendría dentro ni en qué condiciones los dejaría salir. Una visita realizada el viernes pasado por un equipo de expertos de la Comisión por la Memoria, la Procuración Penitenciaria, y la Asociación Pensamiento Penal, derivó en un informe de terror: “En la Alcaidía ni siquiera pueden tener animales”, dijo a este diario uno de los expertos, Nicolás Laino, secretario de APP.

El 9 de septiembre pasado, Nelson Molas, Franco Nievas, Franco Sosa y Nelson Fernández murieron quemados dentro de una celda luego de supuestamente prender fuego a los colchones que habían colocado sobre sus cuerpos. Fernández tenía 16 años y los otros tres, 15. No existen razones legales para mantenerlos detenidos a esa edad, mucho menos a los de 15. Los fiscales Morales y Sago imputaron por homicidio culposo a cinco policías y avanzan en esa dirección. Pero, además, solicitaron la investigación de ambas juezas, Ana María Nieto (a cargo de la detención de Molas) e Ilda Figueroa (responsable por los otros tres chicos) y contra el ministro de Gobierno, Silva.

El Código de Procedimientos de Catamarca impide a los fiscales investigar funcionarios con fueros judiciales o de gobierno. Las normas indican que deben solicitar la investigación y un juez decidirá si se avanza o no, para luego, en caso afirmativo, iniciar el jury que quite los fueros y habilite la investigación. Para el caso, el juez José Antonio Carma recibió el pedido sobre las juezas y lo rechazó por inconstitucional, argumentando que el sistema acusatorio de Catamarca impide que los jueces investiguen, facultad que corresponde a los fiscales. Conceptos semejantes utilizó el juez Porfirio Acuña, al rechazar la investigación sobre el ministro Silva.

Los fiscales apelaron la medida. “Después de siete años de creado el mecanismo de investigación a cargos protegidos por fueros, se les ocurre que es inconstitucional –confió a este diario un reconocido penalista catamarqueño–. Hace poco uno de estos jueces ordenó quitar los fueros a un diputado acusado de malversación y en ese momento no se le ocurrió la inconstitucionalidad.”

La Cámara de Apelaciones tendría la respuesta, según confían los expertos, esta semana o a más tardar la que viene. En caso de rechazar la inconstitucionalidad, ambas juezas y el ministro deberían pasar por un jury de desafuero. Y en caso de admisión, sería posible investigarlos por los delitos que se les impute en la muerte de los cuatro chicos. La semana pasada, la jueza Nieto presentó su renuncia, con lo que allanó el camino a ser investigada. La otra magistrada, Figueroa, en cambio, se encuentra con licencia por estrés psicológico, que no la impactó luego del incendio y la muerte de sus “protegidos”, sino después de que los fiscales solicitaran su investigación.

El equipo de expertos que visitó la Alcaidía y los lugares de detención de Catamarca estaba integrado por Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria; Gustavo Vitale y Nicolás Laino, socio fundador y secretario de la Asociación Pensamiento Penal respectivamente; y Ariel Cejas Meliare, abogado de la Procuración Penitenciaria. Luego de recorrer los lugares de detención y el del incendio, emitieron un informe ante el Foro de Abogados de Catamarca, en oportunidad de unas jornadas sobre “La problemática penal juvenil y la privación de la libertad de los jóvenes”.

“Nos vamos con mucha preocupación, porque efectivamente es un sistema muy retrógrado, con serias deficiencias no sólo de los operadores judiciales, sino de la ley vigente. Lo que sucedió en la Alcaidía deja ver que hay una serie de situaciones previas que no contemplaron el tratamiento de los pibes, sino la sanción y el castigo”, expresó Cipriano García. “Es necesaria la derogación de la ley que rige aquí de niñez y adolescencia, que es una ley anterior a la Convención de los Derechos del Niño. El Poder Judicial debe estar limitado por una ley que le acuerde derechos a los chicos frente a ese poder penal que lleva adelante”, sostuvo Vitale.

Para completar el marco de los resultados del incendio y los cuatro chicos muertos, los fiscales Morales y Sago presentaron una denuncia contra la Corte de Catamarca por incumplimiento de sus funciones de superintendencia sobre las juezas responsables de los detenidos.

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