La defensa del ex general Manuel Antonio Noriega, extraditado recientemente desde Francia a Panamá, será asumida por un equipo de abogados encabezados por su hija, Lorena Noriega. El canciller panameño, Roberto Henríquez, se refirió a este tema durante una entrevista concedida ayer al medio Telemetro Reporta, al señalar que, en el caso Noriega, “las heridas aún están abiertas”. El ex dictador fue condenado en ausencia a 60 años de prisión por los asesinatos de líderes políticos de la oposición. Mientras Noriega aguarda en prisión a que la Justicia se expida sobre su situación procesal, sus abogados se encuentran trabajando en una estrategia legal, donde tratarán, seguramente, de hacer valer el principio de “casa por cárcel”, en función de la edad avanzada de Noriega, de 77 años. Se espera, en cambio, que sus adversarios busquen que Noriega reciba las máximas penas que el código procesal panameño establece.

El ex militar, que permaneció en el poder desde 1983 hasta 1989, regresó a Panamá en la noche del domingo, extraditado por Francia. No bien pisó suelo panameño, Noriega fue trasladado de inmediato a la cárcel El Renacer, emplazada en una antigua base militar norteamericana, ubicada a 30 kilómetros de la capital, y en medio de estrictas medidas de seguridad. Reconocido como ex agente de la CIA y aliado de Washington antes de ser acusado de tráfico de drogas en Miami (Florida), Noriega fue derrocado por las fuerzas norteamericanas el 20 de diciembre de 1989 –en un espectacular operativo militar que incluyó parlantes colocados frente a la embajada del Vaticano, donde se había refugiado el dictador, con “Welcome to the Jungle”, de Guns’n’Roses, sonando a todo volumen–.

Una vez capturado, Noriega fue llevado a Miami, donde fue condenado a 40 años de prisión, pena que finalmente le redujeron a 17 años. En Francia sería condenado, además, por lavado de dinero y encarcelado en 2010. El canciller Henríquez pidió ayer a los ministros que se abstengan de hablar sobre Noriega porque se podría viciar el proceso judicial. El ex militar fue condenado por tres crímenes, entre ellos la decapitación del llamado “médico guerrillero” Hugo Spadafora, ex viceministro de Salud en la década del ’80. Carmenza Spadafora y otros familiares de Spadafora claman justicia. “Noriega debe pagar lo que le hizo a mi hermano”, dijo anteanoche Carmenza Spadafora por televisión. En tanto, el presidente Ricardo Martinelli –quien tiene ciudadanía italiana– subrayó que “Noriega debe pagar por sus horrendos y atroces crímenes”. Henríquez admitió que se exageraron las medidas de seguridad durante el arribo de Noriega a territorio panameño, pero que la operación fue un éxito.