El gobierno de Mauricio Macri confirmó ayer que vetará la ley que crea un Registro de Cuidadores de Vehículos, mediante la cual se pretendía regular la actividad de los llamados “trapitos” y sancionar a los que trabajan sin autorización, especialmente a los que integren organizaciones. “Lo vamos a vetar, confirmado”, dijo el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Se está permitiendo cobrar estacionamiento en lugares donde es gratis y tampoco se fija una tarifa, con lo cual pueden cobrar cualquier cosa”, dijo el funcionario, quien anunció que enviarán a la Legislatura un nuevo proyecto para prohibir la actividad. Legisladores de la oposición, que hace una semana llegaron a un consenso para aprobar la ley, rechazaron los fundamentos del veto. “En los lugares donde se van a instalar parquímetros, hasta ahora, el estacionamiento también es gratuito”, refutó la diputada Gabriela Alegre” (Frente para la Victoria), para quien la ley permitía la inclusión de trabajadores informales. “Van a tener que explicarles a los vecinos por qué vetan una ley que les da herramientas para combatir a las organizaciones delictivas de las que hablan”, agregó Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

Rodríguez Larreta, en declaraciones radiales, afirmó que “no corresponde legalizar una actividad así”, ya que “en muchos casos hay mafias atrás, hay aprietes, extorsiones”. “Vamos a ejercer el derecho al veto que tiene el jefe de Gobierno y lo vamos a vetar porque nos parece que no corresponde legalizar esa actividad”, insistió.

La ley que regula el trabajo de los cuidacoches fue sancionada el miércoles pasado por 31 votos a favor y 29 en contra. Se impuso así a una iniciativa del PRO que sólo endurecía las penas para quienes desarrollen la actividad, imponiéndoles sanciones de hasta cinco días de arresto. Pero la ley que ahora va a ser vetada también establecía sanciones más rigurosas para los cuidacoches no registrados: multas de 200 a 400 pesos (igual que ahora), que se irían al doble si exigen dinero y que podrían llegar a 2000 pesos (o hasta cinco días de arresto) si integran una organización. En caso de espectáculos masivos, deportivos o artísticos, la norma hacía extensiva la responsabilidad a las autoridades públicas encargadas de la prevención (policías o inspectores).

“La ley intentaba regular una actividad que existe y no podemos esconder debajo de la alfombra”, dijo a este diario la diputada Laura García Tuñón (Frente Amplio Progresista). Según la legisladora, el macrismo “piensa a todos los cuidacoches como delincuentes y quiere ilegalizar la actividad con el argumento de las mafias que, si quieren, podrían perseguir con las leyes vigentes”. “Lo que pasa es que nadie se mete con las barras bravas o con la policía, que los deja trabajar”, agregó.

El proyecto consensuado por la oposición indicaba que era el Ejecutivo el que debía establecer en qué zonas podían actuar los cuidacoches registrados. “Podrían trabajar en los mismos centros comerciales donde se autorizó la instalación de parquímetros, de la misma manera que hoy se hace con la tarjeta azul”, dijo Alegre a Página/12. Así, al menos se hizo hace una década en la ciudad de Montevideo, puso como ejemplo la legisladora. O en Rosario.

–El problema, tal vez, es que la norma establecía el pago voluntario y se hace difícil probar que a un automovilista le exigieron una suma de dinero –señaló Página/12.

–El cuidador iba a estar identificado, con una credencial. No se iba a arriesgar a perder el permiso –respondió la diputada.

“El veto es un instrumento constitucional, un derecho del titular del Ejecutivo, pero si se abusa del veto se violenta la pluralidad de la Legislatura”, dijo el diputado Sánchez a este diario. “Lo curioso es que el jefe de Gobierno habló el sábado de consenso y diálogo y luego veta una ley salida del consenso”, cuestionó.

En el mismo sentido, Francisco “Tito” Nenna calificó de “autoritario” al jefe de Gobierno porque “reclama diálogo y consenso, pero veta las leyes que surgen de la discusión colectiva”.

De acuerdo con un estudio realizado por la Coalición Cívica, desde que asumió su primer mandato, en diciembre de 2007, hasta febrero de este año, Macri vetó 73 leyes, de las cuales 17 sufrieron un veto parcial. Un informe de la diputada (mandato cumplido) Diana Maffía precisa que Macri lleva sin reglamentar 98 leyes, lo cual, para la legisladora, constituiría “otra forme de veto”, ya que la norma en esa situación no se cumple.