El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó cinco decretos que reglamentan la denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de la cual el gobierno pretende devolverle a campesinos, indígenas y afrodescendientes las propiedades que les fueron arrebatadas por la acción de diferentes grupos armados. Esta legislación entrará en vigencia en enero y beneficiará a las víctimas del conflicto armado interno. Según cálculos del gobierno, se estima que cerca de 13.000 reclamos en el marco de la ley serán atendidos el próximo año. La ley tendrá una vigencia de 10 años y a ella podrán acogerse aquellas personas que fueron despojadas de sus tierras violentamente desde 1985. En un acto realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, Santos explicó que uno de los decretos establece las medidas de asistencia y reparación para garantizar la participación efectiva de las víctimas.

“Para la elaboración de este decreto hicimos todo lo posible con vistas a garantizar otro de los propósitos que inspiran la ley, como es la participación de las víctimas”, explicó el mandatario colombiano, y anunció el lanzamiento de una página web para recibir observaciones y sugerencias y donde además se podrá conversar con cerca de 600 representantes de víctimas a través de talleres regionales. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece el uso de mecanismos legales para expropiar a aquellas personas que tengan bienes arrebatados por la fuerza, apoyos económicos, la creación de un museo que mantenga viva la memoria de lo ocurrido y la intervención de la fuerza pública para evitar nuevos despojos de tierras.

Santos también indicó que hubo consultas con los 32 gobernadores e igual cantidad de alcaldes de las ciudades capitales. “Ya no más golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados”, afirmó el jefe del Estado, que subrayó que “no tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación”.

El decreto presidencial difundido ayer contempla la indemnización administrativa a las víctimas. Y detalla las sumas, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, cuyo importe se encuentra en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos. “Estos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”, expresó Santos, según la agencia Prensa Latina.

El presidente colombiano admitió a su vez que la indemnización, aunque representa “un esfuerzo enorme”, no es suficiente y no recompensa el drama de un desplazamiento, de una discapacidad o el asesinato de un ser querido. Asimismo, remarcó que sería irresponsable ofrecer más, porque al final no habría con qué cumplir y sería peor causar esa frustración a quienes esperan una reparación efectiva.

La ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero y apunta a reparar a los afectados por el conflicto armado interno y restituir a los desplazados dos millones de hectáreas de tierras, usurpadas con violencia. Aunque esta norma intenta reparar el daño causado por tantos años de lucha interna, algunos analistas presumen que su aplicación no será nada fácil por la resistencia de algunos sectores. Desde su aprobación y sanción presidencial, unas veinte personas que reclamaron esos derechos fueron asesinadas y otras amenazadas de muerte.

“A la mano criminal, venga de donde venga, de la extrema izquierda o de la extrema derecha, la vamos a contrarrestar con el puño de nuestra fuerza pública”, lanzó Santos, al referirse al asesinato de varios dirigentes campesinos en los últimos meses, cuyas muertes se relacionaron con su trabajo en favor de la restitución de las tierras. En este sentido, advirtió que su gobierno combatirá por igual a quienes se opongan a la aplicación de una ley para restituir las tierras.