Desde Medellín

A orillas del océano Pacífico se sienten el calor y la humedad. Allí, el occidente colombiano es atravesado por una enorme cordillera. Entre sus cerros y ríos abundan los rostros de la pobreza y la corrupción se palpa en caminos pantanosos; hay escasas carreteras de concreto; hambre, muerte y cocaína. En esa región, los pueblos de Tumaco, Villa Rica y Cajamarca han sufrido atentados terroristas desde el miércoles último que ya suman 19 muertos y un centenar de heridos, una de las peores escaladas de terror vividas en Colombia en los últimos años.

“Una demostración de irracionalidad, de locura”, lo califica el presidente Juan Manuel Santos que, como todo su alto gabinete de gobierno, repite que se trata de actos desesperados de los rebeldes para demostrar poder, en medio de los fuertes golpes militares recibidos en los últimos años. “Ellos han ofrecido como gesto de paz la liberación de los secuestrados. Que lo hagan. Por supuesto, por razones humanitarias, nosotros estamos listos a facilitar. Pero que no sean hipócritas, que no hablen de paz por un lado y cometan actos terroristas por el otro”, añadió molesto el jefe de Estado.

Son, según José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, “atentados indiscriminados que matan a civiles y constituyen crímenes atroces, independientemente de que sean cometidos por las FARC o por cualquier otro grupo armado”. El de Tumaco, el primer atentado el día miércoles, fue contra el comando de policía, cobró la vida de once personas y dejó 70 heridos. El grupo insurgente reconoció ayer que sí es el autor. El responsable, comandante alias Rambo, es buscado por tierra y agua y por su cabeza se ofrecen unos 600 mil dólares de recompensa. Tumaco es el segundo puerto más importante de la región, por eso se lo disputan la guerrilla de las FARC y la banda criminal Los Rastrojos, heredera del poder y las rutas narco paramilitares.

Ariel Avila, de la Corporación Arco Iris, señala que “hay una espectacularidad en las acciones, una puesta en escena”. Tres coches bomba explotaron y fueron desactivados ayer, a la par que los cuerpos de militares y civiles, incluidos niños y mujeres madres, eran sepultados en humildes cementerios. Los sobrevivientes heridos de gravedad, entre tanto, miraban en las TV de sus cuartos de hospital las noticias del ejército intentando desactivar explosivos descubiertos junto al río Salsipuedes.

En el Valle del Cauca, en la carretera entre Miranda y Florida, un coche abandonado explotó dejando heridas a Oliva Agredo, de 72 años, y Rosalía Quintero, de 50. “Nuestro personal se dirigía a la zona a verificar la denuncia cuando se presentó la explosión”, dijo el general Ricardo Jiménez, comandante de la Tercera Brigada del ejército. Al final del día, la policía realizó la detonación controlada de otro vehículo explosivo en la provincia de Cauca, municipio de Miranda, otro corredor estratégico de los grupos ilegales que se disputan con la fuerza pública el control por la salida al mar de la cocaína, las selvas para el cultivo de coca, el dominio territorial para el cobro de extorsiones, así como el estratégico dominio de una zona donde se sospecha que, además de tráfico de armas y droga, los ilegales mantienen a algunos militares y civiles secuestrados.

En el Pacífico colombiano es donde opera el Bloque Occidental de las FARC, que tendría unos 1900 hombres divididos en ocho frentes, nueve columnas y cinco compañías. “Un aparato de guerra que con los años ha venido afianzando su poder territorial y constituye el ‘oxígeno’ de la guerrilla en sus finanzas”, según lo señala el diario El Espectador.

En este pedazo de país, ni la Operación Troya Pacífico de las fuerzas militares ni una reciente base naval consiguen mermar el derrame de sangre y el tránsito de la cocaína. “Tenemos que prepararnos si estos actos irracionales siguen”, les dijo el presidente a los comandantes.