La Fiscalía de Instrucción de Saavedra tomó intervención para determinar si al autorizar la creación de un “polo gastronómico” en los arcos ferroviarios de los bosques de Palermo, funcionarios porteños y nacionales incumplieron con sus deberes. Se trata del mismo lugar donde hace quince años la caída de una escultura provocó al muerte de la niña Marcela Iglesias. Por entonces, en ese lugar funcionaban numerosos comercios sin habilitación, similares a los que se pretende inaugurar ahora. La obra avanza con la construcción de varios locales, entre ellos, el de una tradicional marca de comidas rápidas. La denuncia penal, presentada por la Asociación Amigos del Lago de Palermo, sostiene que tales comercios “no respetan las normas vigentes”: el Código de Planeamiento Urbano no permite explotaciones comerciales en áreas de Urbanización Parque (UP) y de Protección Histórica (APH), sostienen.

La obra se inició en julio pasado, con la instalación de una red cloacal nueva y el local cuya construcción está más avanzada es el de McDonald’s que está bajo los arcos del ferrocarril Mitre, a la altura de Avenida del Libertador, donde funcionó hasta su cierre, en 2000, la sucursal más exitosa de la cadena Wendy’s.

La fiscal Claudia Katok, de la Justicia en lo Criminal, envió un oficio el 27 de diciembre pasado, con carácter de urgente, al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli, para que informe “si las obras en ejecución, las actividades comerciales a las que están destinadas y la explotación publicitaria verificadas en el ex Paseo de la Infanta (...) respetan las normas vigentes en la materia”. Una cédula idéntica fue enviada al director del Organismo Nacional de Administración de Bienes de la Nación (Onabe), Fernando Suárez.

La histórica falta de transparencia que caracterizó el funcionamiento de comercios en esa zona estuvo amparada en la superposición de jurisdicciones: mientras los espacios bajo las vías del ferrocarril son concesionados por el Estado nacional, que es su propietario, las construcciones y actividades comerciales deben estar habilitadas y controladas por las autoridades de la Ciudad.

En este caso, el gobierno nacional –en rigor, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias– extendió la concesión de los 20 arcos ferroviarios del paseo Marcela Brenda Iglesias (ex Paseo de la Infanta) a la empresa Panter SRL, que a su vez subcontrata los locales comerciales a las empresas gastronómicas.

“La construcción es ilegal, ni siquiera tiene un cartel de obra”, denuncia Osvaldo Guerrica Echevarría, de los Amigos del Lago. Ante una consulta de Página/12 voceros de la empresa Arcos Dorados (McDonald’s) argumentaron que en ese sitio no hay un cartel porque “no se trata de una obra nueva sino de un maquillaje de lo ya existente” y advirtieron que “no se tramitará la habilitación ante el Gobierno de la Ciudad hasta que los trabajos estén terminados”.

En el Ministerio de Desarrollo Urbano, en tanto, aseguraron ante una consulta de este diario, que “los planos de la obra fueron presentados y están aprobados”, lo que indica que no se trataría solo de un “maquillaje”.

Los arcos ferroviarios bajo el viaducto del ferrocarril Mitre, que atraviesa el parque Tres de Febrero, se encuentran en un área catalogada por el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque (UP) y Area de Protección Histórica (APH2). Según el Código, sólo se pueden autorizar allí “obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter” de esos espacios. En la APH, por otra parte, está expresamente prohibido “realizar obras o actividades de carácter permanente o transitorio que por sus características impidan la libre circulación, alteren su paisaje o constituyan fuentes de contaminación”. Finalmente, los bajo viaductos ferroviarios también tienen una normativa por la cual sólo “se permitirá localizar los usos permitidos en los distritos adyacentes”. Es decir, nada que no sea de utilidad pública. Para modificar esos criterios, entonces, debería sancionarse una ley de doble lectura, con una audiencia pública de por medio.

Sin embargo, el subsecretario de Planeamiento de la Ciudad, Héctor Lostri, justificó en su momento los futuros emprendimientos al asegurar que un decreto firmado por Mauricio Macri (el 1314/08), reglamentario del Código de Planeamiento, sostiene que “podrán ser habilitados locales similares a los que ya funcionaron oportunamente”.

“Un decreto no puede modificar el Código de Planeamiento”, replicó Guerrica Echevarría. ¿Qué se puede hacer en ese lugar, entonces, para que no siga en estado de abandono? Los Amigos del Lago proponen recuperar los arcos con la instalación de espacios con juegos para chicos, gimnasios, museos y oficinas públicas.

Durante la década del ’90, en el Paseo de la Infanta funcionaron locales gastronómicos y boliches sin habilitación comercial. Hasta 1996, cuando la caída de una escultura le costó la vida a Marcela Iglesias. A partir de entonces el lugar se fue hundiendo en el abandono. Sólo quedaron de aquellos tiempos las confiterías Bombin y Crobar. Pese a todo, la concesión del espacio sigue en manos de la empresa que era responsable del lugar cuando murió Marcela Iglesias: Panter SRL. Los empresarios lograron eludir la responsabilidad penal cuando la causa prescribió.

Mientras el polo gastronómico avanza al ritmo de las inversiones que prometen buenos dividendos, las obras públicas prometidas para ese espacio aparecen frenadas. Así, la Plaza de la Shoá, junto a los arcos, creada por ley hace cuatro años, todavía sigue siendo una expresión de deseos, oculta tras una tapia de publicidad oficial, pese a que la obra ya fue licitada. En tanto, el paseo Marcela Brenda Iglesias sigue siendo un sendero en estado de abandono.