Los franquistas solían colgar en la plaza pública a los represaliados. Era una advertencia para el pueblo. Una forma sistemática de domesticar por el terror, de sembrar silencio. A lo largo de 40 años, la dictadura amontonó los cadáveres de al menos 114 mil fusilados desaparecidos. Hoy, en democracia, los poderosos encontraron una nueva forma de linchamiento. El Tribunal Supremo de Madrid condenó el jueves a Baltasar Garzón al fin de su carrera, en un claro mensaje de indiferencia para con los cientos de miles que habían depositado su esperanza en el jurista. El magistrado cometió un delito imperdonable: intentar hacer justicia por los crímenes del fascismo. Ante la imposibilidad de ser oídos en España, los familiares de víctimas que realizan la misma demanda pero desde la Justicia argentina dialogaron con Página/12 y reafirmaron la necesidad de que la jueza María Servini de Cubría avance en la investigación.

Silvia Carretero Moreno (57) sufrió en carne propia el terrorismo del Estado español. Militaba con su marido en una agrupación universitaria, integrante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco. En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en las manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer. Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, fue condenado a la pena de muerte, con la aprobación del mismo Franco.

“Si puse la demanda en los tribunales argentinos fue porque en España sabía que no iba a encontrar la reparación que les debemos a todos aquellos que murieron por la defensa de la República. Lo hice con la esperanza de que haya justicia para los niños que fueron robados durante la dictadura, para todos aquellos familiares que siguen buscando en las cunetas a sus seres queridos. Espero que la jueza Servini de Cubría tome medidas rápidas, pues todavía estamos a tiempo, aún siguen vivos muchos torturadores y asesinos de esa época. No demos tiempo a que se mueran más”, cuenta Carretero Moreno a este diario.

La demanda contra los crímenes del franquismo apela a los mismos principios de justicia universal que utilizó Garzón para investigar las dictaduras argentina y española, y detener en 1998 a Augusto Pinochet en Londres. La denuncia se basa en que los crímenes de lesa humanidad o genocidio no prescriben y pueden ser juzgados desde cualquier lugar porque son delitos contra la humanidad. Fue iniciada en Argentina ante la suspensión de Garzón en 2008 cuando se le inició el proceso por prevaricato, o sea haber aplicado erróneamente la ley a sabiendas.

El jueves pasado, el reconocido juez fue condenado a 11 años de inhabilitación por la Sala Penal del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. De ese modo, quedó expulsado de la carrera judicial a la que dedicó más de 30 años de su vida. “En España –asegura Carretero Moreno– nos amordazaron con la Ley de Amnistía de 1977 y más tarde con la Ley de la Memoria Histórica de 2008. El haber llevado a Garzón a los tribunales ha sido para dar un escarmiento a él y a la ciudadanía, es un aviso que nos quieren dar: ‘No sigáis reclamando porque no os vamos a hacer ni caso’.”

“Lo que están haciendo es una vergüenza”, evalúa Adriana Fernández, querellante argentina que encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, fusilado en 1936 “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”. Adriana está convencida de que “el pasado sin justicia es presente, porque en la impunidad no hay cimientos porque va a seguir reinando la impunidad”. Militante por los derechos humanos, recuerda que para Argentina “Garzón era una lucecita de esperanza en tiempos en que, con las leyes de impunidad, uno pensaba: ‘Ya está todo perdido’. Y en ese momento, la condena al ex capitán Adolfo Scilingo a 640 años de prisión fue muy importante. Creo que ahora le estamos retribuyendo a Garzón todo eso”.

Inés García Holgado, argentina, pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Viajó a Madrid para presenciar el juicio a Garzón, en el que, dice, corroboró que “la Justicia española es franquista”. Al juez “le han levantado causas para incriminarlo, impedirle que continúe haciendo justicia, al gobierno le molesta y ahora se lo condena por la causa de escuchas, cuando ha habido otros jueces que han hecho lo mismo y no tuvieron estas consecuencias”.

Con ella, coincide Darío Rivas, querellante oriundo de Galicia, que vive desde sus 9 años en Buenos Aires. El hombre, que acaba de cumplir sus 92 años, perdió a su papá, alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo, en 1936 y recién pudo encontrar sus restos en 2005. “Es repugnante. Está todo organizado para condenarlo. No hay justicia en España. La Falange disfrazada de Manos Limpias, es decir los criminales, están juzgando al juez. Llegaron a esa exageración. Pero no podía ser de otra forma, ¿qué se puede esperar si fue Franco el que puso las leyes? Los culpables no han sido juzgados, el gobierno de España no busca a sus desaparecidos y muchos niños secuestrados –la causa de Garzón habla de 30 mil– no conocen su verdadera identidad. Eso es una vergüenza de la humanidad. Si no los juzgan ellos, lo haremos desde aquí.”

Informe: Rocío Magnani.