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“Si hay alguien aquí dentro que esté contra su voluntad, que lo diga ahora.” Andrea Darrosa no dijo una sola palabra, corrió y se refugió en los brazos de ese hombre voluminoso que le daba la primera oportunidad que había tenido en casi diez años de cautiverio, de romper un cerco que parecía indestructible. Tenía quince cuando fue trasladada de su Misiones natal a La Rioja con la promesa de un trabajo en el servicio doméstico que se transformó en una sucesión de noches y días que borroneaban sus límites entre la oscuridad artificial del salón de un burdel y del cuarto donde se hacían los “pases”. “Pases”, esa manera de nombrar la expropiación del cuerpo, de negar el cuerpo mismo: por allí pueden pasar los que pagan por un coito, tener su descarga y retirarse sin más compromiso ni riesgo que un puñado de billetes.

Pero mientras ellos pasaban, Andrea había estado ahí, desde los 15 hasta los 24, cuando escuchó la voz de Daniel Verón al término de un allanamiento en el local de Hilda Medina, la madre de Gonzalo y José Gómez –y otros siete hijos más–, el grupo que regenteaba las “whiskerías” Candy, Candilejas y Destino, sobre la ruta 38 en la ciudad de La Rioja. El de Andrea fue el primer rescate de los padres de Marita Verón, Daniel y Susana Trimarco, la confirmación de que eso que ella, sobre todo, apenas podía nombrar, era posible: que una niña o una mujer pueda perderse por una década completa en ese circuito de copas y camas mal tendidas, de tipos que se hacen llamar maridos como título de propiedad sobre las mujeres, de cuartos que se cierran con llave cuando ya nadie quiere pagar por su “pase”. Niñas o mujeres que se pierden detrás de las fachadas de los cabarets que cualquiera puede ver circulando por las rutas argentinas. Ver sin mirar. Porque el acuerdo social que todavía subsiste elige dejar detrás de esas fachadas a las putas, las malas, las que no merecen nada; para dejar a salvo a las otras, las buenas, las mujeres de su casa.

Esa primera mujer rescatada, cuenta Susana Trimarco, no sólo no podía salir. Estaba segura de que, de haber una puerta de salida, ésta conduciría a ninguna parte. Creía que no le importaba a su familia, o peor, que su familia no querría saber nada de ella. Si se había convertido en una de las malas, cómo podrían volver a mirarla a la cara.

Cuando a Andrea Romero, una niña de 15 rescatada también en el curso de la búsqueda de Trimarco, le tomaron declaración por primera vez en la causa Verón, dijo que “no podía mirarme ni al espejo, no me quería tocar el cuerpo ni para bañarme”. Esa vergüenza de sí es la primera herramienta con la que cuentan los tratantes para asegurarse el sometimiento: una vez reclutadas del lado de las putas, difícilmente puedan volver a cruzar ese límite que la cultura todavía impone. Seguirán siendo las malas, las sospechosas. En esa valoración hay una responsabilidad colectiva. Habla de una cuestión de género que no es teoría, sino un corset ajustado que controla la vida cotidiana de las personas.

Andrea Darrosa declarará como testigo en la causa Verón. Será una de las voces que describan de qué se trata ese proceso de reclutamiento, traslado, sometimiento, explotación. Podrá explicar por qué, pasados algunos años, la misma persona que la explotó, Hilda Medina, la llevó de vacaciones y mostró en los medios de La Rioja –cuando empezaron a acusarla por la desaparición de Marita– una foto de la joven sonriendo y tomando sol para dar cuenta de que, lejos de mantenerla contra su voluntad, ella la había cuidado como a una hija. Con sus palabras, podrá hablar de la estrategia de supervivencia que supone asimilarse con el captor cuando se cree que no hay salida.

Si el juicio por la privación ilegítima de la libertad y la promoción a la prostitución de María de los Angeles Verón tiene el rango de “juicio histórico” es porque estos relatos tendrán circulación pública. Porque más allá de lo que se haya contado hasta ahora, de los números de víctimas rescatadas que cada tanto se publican en los medios desde que en 2008 se sancionó la ley de trata que convierte a este delito en federal –aunque exige demostrar la falta de consentimiento para la situación de prostitución a las mayores de 18 años, lo que dejaría afuera historias como las de Marita o Andrea–, la voz de quienes fueron víctimas será una herramienta fundamental para la acusación. Y así, como si se quitaran de encima restos de barro seco, podrán despegarse de la condición de víctimas.

“Susana Trimarco tuvo dos socios fundamentales. El primero fueron las putas –dice su abogado querellante, Carlos Varela Alvarez usando, como siempre, las palabras estratégicamente–, el segundo, los medios. Pero sin el coraje de las putas, que después de haber sufrido lo que sufrieron han tenido la voluntad de testimoniar y de sostener su palabra después de tantos años, no estaríamos acá, enjuiciando a un grupo de responsables, que no son todos pero pueden llevarnos a otros.”

Cuando Blanca Vides declare, esos “otros” empezarán a delinearse aunque no pueda señalarlos con nombre y apellido. Su testimonio, parte de los 43 cuerpos de la causa, cuenta la misma historia que contó a este diario en 2005: Blanca contestó un aviso clasificado que ofrecía buen sueldo por un trabajo con cama adentro. “Me presenté y me dijeron que tenía que ir a La Rioja, pero para mí era una oportunidad de ayudar a mi familia, mi mamá tiene quince hijos y yo ya tenía unita.” La subieron en una camioneta gris, con vidrios polarizados, y la bajaron en un lugar “oscuro, un boliche donde me dijeron lo que tenía que hacer, pases, tener relaciones sexuales, para pagar lo que debía”. ¿Y qué debía? “Lo que le pagaron a la mujer que me llevó, 1500, pero nunca pagás porque te multan todo el tiempo, dicen que hablaste con una doña, que le faltaste el respeto a un cliente, que miraste mal al don. Te multan y te pegan.”

A mediados de 2003, Blanca vio a Marita Verón, la describió como una persona triste que lloraba por su hija. Pero dijo también que era una “doña” –alguien que tenía “marido” y dentro del cabaret un status más alto que otras– y que la ayudó a escapar. “Yo arreglé con un camionero de Rosario, un hombre ya mayor, buenito, ella nos ayudó a ir al fondo y saltar la tapia. Nos dio una carta para su mamá.”

–¿La leíste?

–Yo no, porque no sé leer. La llevaba Micaela, otra chica de catorce. Nos fuimos cuatro ese día, pero la gente del boliche nos siguió y cuando la policía paró el camión, en la frontera de La Rioja, hizo bajar a todas porque estaban en ropa interior y sin documentos. Yo zafé porque el camionero me escondió bajo la cama que había en la cabina. Esas chicas quedaron otra vez encerradas. Pero yo salí y ahí declaré que la había visto.

En la instrucción no se buscó a ese camionero ni tampoco se llegó al puesto policial que colaboró con los proxenetas. Pero no hace falta demasiada imaginación para suponer que la logística de traslado de las mujeres víctimas de trata necesita de algunos uniformados cómplices.

“Se nos dice que estamos juzgando a un grupo de perejiles –sigue Varela–, pero en realidad se trata de algo más. Hablamos de un grupo fuerte ligado al Club San Martín, un grupo armado que era protegido por la gestión del ex gobernador Julio Miranda y que ahora perdió poder, por eso su cabeza, Rubén ‘La Chancha’ Ale, ahora está preso (tiene prisión hospitalaria por una dolencia cardíaca), pero por una cuestión impositiva, como Al Capone.”

Fátima Mansilla, una de las primeras en testimoniar después de que Susana Trimarco haga su exposición a partir del próximo martes, habla de Rubén Ale. Lo ubica en la casa de Daniela Milheim, una de las imputadas y madre de uno de los hijos de Ale, donde Fátima estuvo cautiva después de llegar contratada como niñera. Dice que él le pidió que se desnudara para evaluar su cuerpo y decidir si su destino sería La Rioja o Río Gallegos, donde se supone que había menos clientes VIP. María Jesús Riveros también está imputada y también fue pareja de Ale. Cuando él fue presidente del club San Martín y logró cuatro ascensos para su equipo y lo colocó en la Primera División, ella era la vicepresidenta. En una foto en La Gaceta de Tucumán se puede ver a la pareja, feliz con su gestión y mostrando cómo pensaban reformar la tribuna del estadio que se alza muy cerca de la casa de Fátima; la casa en la que vivió después de haber escapado de la casa de Milheim.

Ale y Riveros también son dueños de la empresa de taxis y remises Cinco Estrellas. En un auto de esa compañía se supone que secuestraron a Marita. Una flota que tenía tan buena relación con el gobierno de Tucumán en 2002 que quien era el secretario de Seguridad y después vicegobernador de la provincia, Fernando Juri, los nombró “veedores de la ciudad”, y gestionó para ellos la compra de rastreadores satelitales para sus móviles. Esta inversión y ese título se cayeron como una fruta madura cuando Susana Trimarco comenzó a denunciarlos por su relación con el secuestro de su hija. Y porque fue un auto de Cinco Estrellas el que intentó atropellarla cuando todavía no era tan conocida. Desde entonces, ella y su nieta viven con custodia policial permanente.

Las complicidades se extienden más allá de las fronteras de Tucumán. Varela Alvarez dice que está demostrado en la causa que desde La Rioja “se devolvían los exhortos de allanamiento por puntos y comas”, y que los proxenetas ya estaban alertados de que los irían a allanar cuando finalmente se corregían. “Yo sé que a Marita Verón le pisé los talones, pero hubo mucho encubrimiento”, dijo a este diario, también en 2005, Jorge Tobar, el comisario principal a cargo de la investigación por el caso Verón que después de aquella entrevista fue penado con diez días de arresto y un sumario por haber dicho públicamente que “las mujeres se venden como ganado”. Tobar apuntaba entonces al juez riojano Walter Moreno por no recibir los exhortos. Y Andrea Darrosa, en su testimonial, afirma que los allanamientos eran comunicados antes “y entonces nos sacaban a todas las chicas”. Para Varela Alvarez, una prueba contundente del encubrimiento es que no hay más causas penales abiertas a partir de los testimonios de las víctimas, salvo en el caso de Fátima Mansilla. “Si los jueces no investigan no es por desidia, es por complicidad.”

“Desde la estructura misma de los recintos de prostitución queda claro que las mujeres están encerradas. Cuando un allanamiento es efectivo siempre aparecen documentos en blanco. Exponer estas cosas también es mostrar cómo operan las redes”, agrega el abogado querellante. Su apuesta es unir las pruebas para demostrar no sólo la responsabilidad individual, sino la existencia de una asociación ilícita, que implicaría penas más altas para los acusados pero sobre todo demostraría la existencia de una red, una red de trata.

Los hilos de esa red empezarán a destejerse el próximo martes en la voz de Susana Trimarco, mamá de María de los Angeles Verón, una mujer que supo poner su grito en el cielo y también en despachos, escritorios y burdeles. Como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ella usó su voz como una maza capaz de resquebrajar el muro de la impunidad.