Desde Roma

Y “wikileaks” llegó al Vaticano. Varios documentos ultra reservados sobre temas bastante dispares, desde las finanzas vaticanas hasta un supuesto complot para asesinar al papa Benedicto XVI, llegaron a manos de algunos periodistas italianos que los lanzaron a través de la prensa escrita y de la televisión, desencadenando un infierno (en sentido figurado claro), dentro y fuera de la Santa Sede.

El Vaticano tiró agua sobre el fuego, desmintiendo las informaciones en la mayoría de los casos o dando su versión de los hechos y principalmente desinflándolos. Pero cuando se trató del complot, prefirió ni comentar la noticia por considerarla demasiado ridícula. “Ninguna persona con dos dedos de frente la consideraría seriamente”, dijo a la prensa el portavoz vaticano, padre Federico Lombardi.

Ya se sabe que los inmensos muros que rodean la pequeñísima ciudad del Vaticano en realidad sólo marcan un límite geográfico porque las actividades económicas y financieras y la influencia religiosa, diplomática y política de la Santa Sede se extienden a buena parte del mundo. Tradicionalmente sumida en el más profundo secreto, la información sobre las actividades vaticanas suele trascender los muros, generalmente, sólo cuando la Santa Sede decide hacerlo. Y para decidirlo, si se trata de temas incómodos, se requieren no pocas presiones, como ocurrió en el caso de las denuncias de abusos sexuales, no escuchadas por decenios y que finalmente tuvieron que ser reconocidas a partir de que el escándalo estallara en Estados Unidos en 2001. Pero hasta ese momento, poco o nada se filtró desde adentro.

Por eso los documentos que han sido difundidos en estos días en Italia adquieren particular importancia, como si algo se estuviera moviendo también en la monolítica estructura vaticana.

Algunos hablan de “luchas de poder” entre sectores, liderados por distintos cardenales, máximas autoridades de la Iglesia después del Papa y que pugnan, antes y después de la elección de un nuevo pontífice, por imponer sus intereses, su punto de vista y sus hombres en los cargos oficiales de la Santa Sede.

La historia del complot podría aparentemente estar enmarcada en este contexto. Todo gira sobre una visita privada del arzobispo de Palermo, Paolo Romeo, a China, en noviembre de 2011. Al parecer no fue enviado por el Papa, como él trató de hacer creer a sus interlocutores, ni se ocupó de temas de la Iglesia. Se encontró en cambio con empresarios italianos radicados en China y con algunos chinos. El cardenal Romeo habría asegurado ante sus interlocutores que el Papa moriría en los próximos doce meses, lo que hizo suponer la existencia de un complot para asesinarlo.

Pero lo más curioso es que toda esta historia, con lujo de detalles y de nombres, está sintetizada en un documento anónimo, escrito en alemán y con fecha 30 de diciembre de 2011, que el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos entregó en la Secretaría de Estado vaticana –digamos la oficina del virtual primer ministro vaticano– y al secretario personal de Benedicto XVI a principios de enero, pidiendo que se investigara.

El nombre de Castrillón Hoyos, un exponente de los sectores más conservadores de la Iglesia, aparece en efecto varias veces en el documento, porque Romeo se habría calificado como continuador de la labor diplomática de Castrillón en China, cosa que al parecer no es verdad. Tal vez la presunta actitud de Romeo de serrucharle el piso al colombiano fue lo que lo empujó a correr a la oficina papal. El texto habla también de conflictos permanentes entre el Pontífice y el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y con otros cardenales, como el arzobispo de Milán, Angelo Scola, sin embargo calificado como seguro sucesor de Benedicto XVI. Cómo llegó este material a Il Fatto Quotidiano, un diario muy serio de Italia y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, no se sabe. Pero sí se sabe que entre sus periodistas cuenta con algunos “vaticanistas” de larga data.

Este mismo diario había publicado a principios de febrero una carta, dirigida al Papa, del flamante nuncio apostólico (embajador) en Estados Unidos, monseñor Carlo Maria Vigano, que acusaba a algunos exponentes vaticanos de corrupción y de falsear facturas. Entre ellos, al director de los Museos Vaticanos, Paolo Nicolini.

El último tema, absolutamente delicado en estos momentos de ajustes económicos, se refiere a las normas antilavado de dinero sucio y antievasión que el gobierno de Mario Monti ha impuesto en Italia y que el Vaticano debería respetar por acuerdos bilaterales precedentes, pese a ser un Estado independiente. En un memorándum interno sobre las relaciones entre el IOR (Instituto para las Obras de Religión) –conocido como banco vaticano aunque es una fundación–, y las autoridades financieras de Italia, se da a entender que el Vaticano no debe dar información sobre las actividades del IOR precedentes a abril de 2011, momento en que entró en vigor la ley antilavado de la Santa Sede. Hay quienes dicen que el favoritismo del gobierno de Monti hacia el Vaticano podría tener que ver con que la actual ministra de Justicia, Paola Severino, fue la abogada del actual presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi. Pero sobre este tema no está dicha la última palabra.