El juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la investigación por el robo de las fotos de Jazmín De Grazia, secuestró ayer 60 celulares de los efectivos de la Policía Federal que pudieron tener alguna relación con la filtración y venta de aquellas fotos en las que se ve a la joven pocos minutos después de ser encontrada muerta. También Ramos Padilla se llevó para peritar los equipos de fotografía e impresión en los que se procesaron las imágenes, ordenó que todas las tareas de investigación queden a cargo de efectivos de la Prefectura y citó como testigos a los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura a quienes las fotos les fueron ofrecidas en paralelo con el diario Crónica, que finalmente las publicó. El magistrado tomó la decisión tras un diálogo con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien ya había puesto en disponibilidad a siete efectivos y suspendió a otros tres.

En principio, Ramos Padilla investiga el delito de cohecho, ya que las fotos fueron vendidas. El otro delito posible es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambas calificaciones apuntan al personal de la Policía Federal, especialmente a las divisiones Fotografía, Scopometría, Balística, Pericias e Identificaciones Personales, que pudieron tener acceso a las imágenes que se tomaron cuando el personal llegó al departamento de la modelo.

- El secuestro de los celulares tiene como objetivo determinar la existencia de mensajes de texto, entre los que se va a buscar alguno con personal de Crónica o con otros periodistas.

- Por supuesto que el juez tomará los números de esos celulares para hacer un entrecruzamiento y verificar si desde alguno de ellos hubo comunicaciones con personas del diario.

- Tal vez el punto clave sea el peritaje de las impresoras de la División Fotografía Policial, ya que se podrá determinar desde qué computadora se ordenó la impresión de las imágenes que terminaron publicadas.

- La citación a Jorge Rial y a Luis Ventura tiene que ver con el hecho de que el día anterior a la publicación en Crónica twittearon que habían visto fotos muy macabras y que sabían que alguien las compraría. Habrá que ver si ambos periodistas se amparan en la reserva de las fuentes, pero indudablemente conocían quién estaba vendiendo las imágenes.

- La decisión de apartar a la Policía Federal y poner la asistencia de la investigación en manos de la Prefectura es un paso lógico, para que la pesquisa no se mantenga dentro de la propia fuerza investigada.

Como se sabe, las fotos nunca fueron parte del expediente, tal cual lo informó el juez Ernesto Botto, encargado de investigar la muerte de Jazmín, calificada como muerte dudosa. La autopsia determinó que la joven se ahogó, pero el magistrado esperará los estudios toxicológicos para saber qué es lo que produjo que la modelo perdiera el conocimiento, lo que llevó a que su cabeza quedara bajo el agua, produciendo el deceso. Como ya está claro que no hubo homicidio, el único paso que dará Botto es preguntarle a la familia de Jazmín si quieren que tome alguna otra medida de prueba. Todo indica que el paso siguiente será el cierre de la causa por inexistencia de delito.

Quien tendrá que seguir trabajando será el juez Ramos Padilla, concentrado en identificar quiénes participaron de la venta de las fotos. Garré puso en disponibilidad al jefe de Fotografía Policial, comisario Rubén Miño, y a los demás efectivos, hasta que el caso se esclarezca.

Desde el punto de vista civil, la familia de Jazmín todavía no decidió si iniciará acciones contra Crónica. Ayer, la revista Gente fue condenada a pagarle 300.000 pesos a la pareja de Nicole Neuman y Fabián Cubero por haber publicado, sin autorización, fotos tomadas –ella en topless, él en malla– en la chacra de la modelo en Cardales. El fallo de la Sala J de la Cámara de Apelaciones en lo Civil da una idea de la pena que podría corresponder al medio que publicó las fotos de Jazmín, muerta, en el ámbito privado de su departamento.

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