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Colombia está conmocionada por el giro de la causa que investiga la muerte violenta de dos sacerdotes, porque se develó en audiencia pública que no se trató de un asalto, sino de un pacto de muerte entre la pareja de religiosos, que contrató a dos sicarios para que los ejecutaran porque uno de ellos tenía una enfermedad de transmisión sexual incurable.

Los sacerdotes Rafael Reátiga Rojas y Richard Píffano, que tenían una relación sentimental y visitaban centros nocturnos gays, aparecieron muertos dentro de un automóvil el 27 de enero de 2011 y de inmediato las autoridades sospecharon de un robo, porque el día anterior habían retirado del banco una gruesa suma de dinero que no fue encontrada.

Los investigadores de la Fiscalía siguieron la pista a las llamadas telefónicas hechas por ambos pocas horas antes del ataque a balazos y llegaron a una banda de sicarios, dos de cuyos miembros fueron arrestados y dieron su versión de los hechos.

Según el diario bogotano El Tiempo, los sacerdotes habrían hecho un pacto de muerte luego de que a Reátiga Rojas se le diagnosticó que tenía HIV y sífilis, en noviembre de 2010, según dijo en la audiencia pública la fiscal de antiterrorismo, Patricia Larrota.

A partir de este diagnóstico, Reátiga Rojas y Píffano contemplaron la posibilidad de arrojarse al vacío en el cañón de Chicamoya, en Bucaramanga, “pero como la vía estaba con barandas de contención no habían sido capaces y –por lo tanto– la única opción que veían era la de buscar una persona que cegara sus vidas”, sostuvo la fiscal Larrota en la audiencia pública, citada por Radio Caracol.

Desechada esa opción, aparentemente decidieron contratar a pistoleros a quienes pagaron 15 millones de pesos (unos 8400 dólares). La hipótesis del robo empezó a perder peso para los investigadores cuando se estableció que Reátiga y Píffano, los dos de 30 años, pusieron sus asuntos personales en orden y cancelaron todos los compromisos que tenían para después del 26 de enero. Uno de ellos canceló ceremonias de bautismo que debía presidir, mientras que el otro escrituró todas sus propiedades a nombre de su madre, según destacó la agencia DPA, que cita a medios colombianos.

Las autoridades detectaron la señal del teléfono móvil de uno de los sacerdotes y capturaron a un hombre que lo estaba usando, quien confesó que participó en el crimen, según el periódico El Tiempo.

Reátiga Rojas contactó a Isidro Castiblanco Forero, alias “Gallero”, cuando portaba un arma en una tienda en la que el padre vendía bonsais, lo citó la tarde del 25 de enero, le pidió que contactara a una tercera persona –fue Gildardo Eduardo Peñate Suárez, alias “Gavilán”– y acordaron el pago. Al día siguiente fue el asesinato. También se estableció que en sus últimos días el padre Rafael no sólo se había visto desmejorado de salud y le pedía a los feligreses que oraran mucho por él, sino que hablaba de su muerte. La pianista de la iglesia señaló que él le dijo que en su entierro le gustaría que le cantaran ciertas canciones y le entregó un listado.