Desde La Paz

Las organizaciones indígenas del país anunciaron que volverán a marchar otra vez en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por donde el gobierno de Evo Morales quiere construir una ruta. Ya se habían movilizado el año pasado, cuando (apoyados por la mayoría de la población) lograron que el presidente declarara “intangible” al predio de un millón de hectáreas. Esa intangibilidad, incluida en la Ley 180, puede quedar en nada con la aprobación de la Ley 222 de Consulta a los Pueblos Indígenas del Tipnis. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que en 2011 encabezó la Octava Marcha Indígena, denunció a Morales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

El presidente firmó el contrato para construir la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni) en 2008 con la empresa brasileña OAS. Del también brasileño banco Bndes sacó un préstamo de 332 millones de dólares, que representan el 80 por ciento del costo presupuestado de la obra. Las máquinas comenzaron a trazar el camino en junio del año pasado.

Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que la consulta a los pueblos del Tipnis será “previa”, como establece la Constitución. Pero los indígenas observan que de ninguna manera puede ser “previa”, si desde hace un par de años se avanza en la construcción del camino. La Cidob exige al gobierno que anule el contrato con OAS y el crédito con el Bndes, así como las leyes que avalan estas acciones. Solamente así, volviendo a foja cero, consideran que la consulta sería realmente “previa”.

“Antes de aprobar el proyecto, antes de hacer las contrataciones del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se debió hacer la consulta. En varias ocasiones reclamamos (al presidente) que queríamos que nos consulte, pero nunca nos escuchó. Por eso hicimos la Octava Gran Marcha en defensa del Tipnis y los territorios que han sido vulnerados”, dijo a este diario Miriam Yubánore, del pueblo mojeño, nacida en el área protegida, por donde el gobierno quiere hacer pasar al “corredor bioceánico” que conectaría a Chile con Brasil.

Las organizaciones indígenas del oriente y la Amazonía se enfrentaron a los grupos de derecha de la ex Media Luna –que habían intentado derrocar a Morales en 2009– y dejaron el territorio limpio para el descenso del MAS. Ahora el presidente los acusa de estar manejados por Estados Unidos, aunque no ofrecer pruebas de ello.

“Esta Novena Marcha Indígena no sólo va a ser en defensa del Tipnis. Va a ser en defensa de los derechos de la población boliviana, que se han vulnerado hasta hoy día. Pensábamos que nosotros los indígenas nomás estábamos en la postergación y la discriminación. Pero hoy toda la población es testigo de que el sector cocalero tiene privilegios sobre el resto de la sociedad”, dijo la guaraní Nelly Romero, vicepresidenta de la Cidob.

La denuncia de la Cidob y el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) ante la CIDH está dirigida contra Morales. Según el texto, en octubre de 2011, cuando fue “obligado” –según el presidente– a declarar intangible al Tipnis, ideó un plan. “Ha ordenado (Morales) a los órganos del Estado (Asamblea Legislativa y Organo Ejecutivo en pleno) realizar todas las gestiones necesarias para que una movilización civil que intenta suplantar a los indígenas, poseedores y titulares del Tipnis, consolide su demanda de construcción de la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos, la abrogación de la Ley 180 y la generación de medidas legislativas para encubrir la omisión de deberes constitucionales”, dice el documento.

La “movilización civil” fue la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que partió en diciembre de Cochabamba y llegó hace días a La Paz para exigir la construcción de la carretera, ante la absoluta indiferencia de la población paceña. Según el gobierno, la Ley de Consulta a los Pueblos del Tipnis fue consensuada con estos marchistas, quienes no serían consultados por la carretera.

Según el título de propiedad del Tipnis, pertenece a los pueblos chimán, yuracaré y mojeño, representados por la Subcentral de Comunidades del Tipnis, afiliada a la Cidob. Para ellos sería la consulta. El Conisur está junto a este territorio, en un área llamada Polígono 7, donde viven colonizadores dedicados más que nada al cultivo de coca.

El gobierno debería indagar en el Tipnis de aquí a 120 días, según la ley aprobada por el MAS, sin la participación de la oposición. La Defensoría del Pueblo pidió a Morales que respete la Ley 180, ya que derogarla “podría generar un escenario de violencia en el país, de enfrentamiento entre indígenas que pone en grave riesgo su existencia, así como la propia convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos”.