El gobierno chileno invocó ayer la Ley de Seguridad del Estado contra unos veinte manifestantes de la región austral de Aysén, donde se produjeron violentos incidentes en el marco de la protesta que los pobladores vienen realizando desde hace más de un mes en demanda de medidas de desarrollo para la zona. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicó que la querella que invoca la Ley de Seguridad del Estado en Aysén, presentada ayer, está dirigida a “violentistas” y que no toca a ninguno de los dirigentes que conforman el movimiento social de la región.

El funcionario expresó que le pidieron al Ministerio Público que intervenga en el caso de una veintena de personas individualizadas por Carabineros y la Intendencia, y que serían “activistas más violentos, más ultras”. “Esta no es una acción judicial contra una región”, señaló Hinzpeter, quien aseguró que el gobierno tiene toda la intención de retomar la mesa de trabajo lo antes posible.

Los pobladores de Aysén reclaman al gobierno desde el 12 de febrero un pliego cuya principal demanda es la rebaja del precio del combustible, pero que también incluye el mejoramiento de la conectividad de la zona, la creación de una universidad regional y medidas de estímulo al empleo y de apoyo a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las vinculadas con la industria pesquera. Desde entonces, los manifestantes realizaron marchas, bloquearon rutas y levantaron barricadas, lo que provocó problemas de abastecimiento, particularmente de combustible, y aumentos de precios, además de violentos enfrentamientos con efectivos de Carabineros.

Desde la noche del miércoles y durante toda la jornada del jueves, tras intentar retomar el diálogo entre dirigentes sociales y autoridades, la situación volvió a salirse de cauce, con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que dejaron varios heridos, el aire viciado por los gases lacrimógenos, problemas de comunicación por corte de fibra óptica y otros incidentes.

Hinzpeter defendió la aplicación de la ley sosteniendo que el Ejecutivo ha “dado muestras enormemente concluyentes de la vocación que tiene por el diálogo”, pero “hay algunos que no quieren ver nada”. La Ley de Seguridad del Estado, promulgada bajo la última dictadura militar en 1975 y cuyas últimas modificaciones fueron aplicadas en 2010, endurece las penas para lo que se consideran delitos contra la seguridad interior y exterior de Chile y su abanico es tan amplio que involucra casi todo lo que altere el orden público: desde la protesta o cortes de tránsito, hasta barricadas y la quema de colectivos.

La decisión del gobierno y el accionar de la policía militarizada desencadenaron críticas y acusaciones de la oposición, del sector sindical, de la Iglesia Católica y hasta de algún oficialista. El senador por Aysén Antonio Horvath, de Renovación Nacional, del partido del presidente Sebastián Piñera, afirmó ayer que Carabineros “no tiene nada que hacer en la región porque estos temas se resuelven con acción policial normal; sirven para detener vándalos, delincuentes, encapuchados y nunca a manifestantes pacíficos que hacen ollas comunes y fogatas”.

El senador y vicepresidente del Partido por la Democracia, de la opositora Concertación, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que la decisión del gobierno de recurrir a la Ley de Seguridad Interior “es una muestra de la fragilidad de este gobierno, que es incapaz de dialogar con la ciudadanía y entregar soluciones concretas y efectivas”. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusó al gobierno de “incompetente”, de haber perdido el control en Aysén y llamó al presidente a asumir con responsabilidad las demandas del Movimiento Social y hacer propuestas concretas y efectivas para resolver de una vez el conflicto. En una declaración, la CUT afirmó que el Ejecutivo sólo enfrenta el conflicto con represión, “llevando a cabo operativos violentos contra los manifestantes y las casas de la población de Aysén, golpeando a mujeres y niños, usando balines que se disparan al cuerpo de las personas causando heridas graves”.