El gobierno derechista del conservador Mariano Rajoy aprobó ayer una supresión de 24 sociedades estatales en el marco de un plan de reestructuración y ajuste del sector público empresarial español. Mientras tanto, ayer se conoció que la deuda pública del Estado batió un record histórico, que representa el 68,5 por ciento del PBI. La Unión Europea permite una deuda del 60 por ciento en relación con el PBI.

El anuncio de ayer tiene como objetivo el ahorro en el marco de la grave crisis económica que atraviesa España. “Hemos decidido poner orden en casa”, dijo la vicepresidente del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el consejo de ministros en el que se tomaron esas medidas. “La iniciativa dará mucha mayor transparencia hacia a los ciudadanos sobre cómo se gestionan los ingresos públicos”, aseguró la alta funcionaria.

La medida afectará a un total de 80 empresas públicas de las 228 existentes, a lo que se suma la extinción o fusión de nueve fundaciones. Entre las sociedades que desaparecen se encuentran la Sociedad Pública de Alquiler, creada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La función de las empresas públicas es el desempeño de actividades de interés general que no cubre la iniciativa privada.

En el caso de las comunidades, la cifra es bastante superior y más aún en los ayuntamientos, lo que arroja una cifra total de 2372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1055 consorcios.

El gobierno de Rajoy no aportó cifras sobre el total de ahorro que persigue con su plan de reestructuración, aunque sí adelantó que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de 1,8 millones en sueldos y dietas, según sus propios datos.

“Hay que reorganizar el sector público empresarial e institucional. Hemos analizado las empresas existentes para ver cuáles mantenemos y cuáles suprimimos”, dijo Sáenz de Santamaría. El plan de reorganización afecta en total a 45 sociedades mercantiles estatales, el 32 por ciento del total. Además de la supresión de 24 empresas públicas, el Estado va a desinvertir en otras ocho y agilizar la liquidación de trece que ya estaban en proceso de desaparición, como la que se creó para las celebraciones del V Centenario, en 1992.

También se quitará la participación minoritaria de otras 35 sociedades. Según el Ejecutivo, entre las sociedades mercantiles que desaparecen las hay que tienen más miembros en el Consejo de Administración que trabajadores. Se aplicó la racionalidad, manifestó. El gobierno no especificó el impacto de la medida en empleo ni cuánto se ahorrará. Aunque sí concretó que afectará en especial al personal directivo, presidentes y consejos de administración. Sáenz de Santamaría puso un ejemplo encima de la mesa: “Había una empresa con cuatro personas en plantilla y un consejo de administración más amplio. Se aprendió mucho de este proceso”, afirmó.

Dijo que aún existía la sociedad Carmen, la comida de España 1992. Sociedad Anónima, una empresa creada para fomentar e impulsar la dieta española. “Para esto de las comidas, como que no estamos”, ensayó en tono de broma. Mientras la vicepresidente ensaya esos pasos de comedia, la deuda pública subió el 15 por ciento en un año. Según lo revelado por el Banco de España ayer, el total de la deuda pública con respecto al PIB creció en 2011 un 14,2 por ciento, alcanzando el 68,5 por ciento del PIB, 8,5 puntos por encima del 60 que exige Bruselas y record máximo desde que se inició la serie histórica, en 1995.

La principal causa de que la deuda española haya aumentado tanto en tan solo un año es la falta de crecimiento. El dato del último trimestre de 2011 fue el indicador clave: la economía se contrajo un 0,3 por ciento y las previsiones del gobierno, que en el próximo mes proporcionará los datos del primer trimestre de 2012, son que el país vuelva a entrar en recesión, es decir, por segundo trimestre consecutivo, la economía dejará de crecer. La falta de crédito a las empresas y particulares –pese a los créditos millonarios del BCE– puede seguir siendo un lastre porque contiene la producción, genera desempleo y frena el consumo.

El endeudamiento de las comunidades autónomas (CCAA) no favorece la situación. Según los datos del Banco de España, la deuda del Estado central alcanzó los 559.459 millones de euros, un 52,1 por ciento del total; la de las CCAA, los 140.083 millones de euros; y solo la de los ayuntamientos se mantuvo prácticamente invariable, tras caer un 0,03 por ciento, hasta 35.420 millones, y quedar en el 3,3 por ciento del PBI.

Cataluña, Valencia y Madrid son las tres comunidades autónomas más endeudadas de España. Entre las comunidades con mayor volumen de deuda en 2011, se colocó Cataluña, con 41.778 millones de euros, cantidad que representa el 29,8 por ciento del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. Después viene la Comunidad Valenciana (20.762 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar, por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 15.447 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,6 por ciento del total del endeudamiento regional. Luego figuran Andalucía (14.314 millones de euros), Galicia (7009 millones), Castilla-La Mancha (6587 millones), País Vasco (5536 millones), Castilla y León (5476 millones), Baleares (4432 millones), Canarias (3718 millones), Aragón (3403 millones) y Murcia (2806 millones). Y completarían la lista Navarra (2446 millones), Asturias (2155 millones), Extremadura (2021 millones), Cantabria (1293 millones) y La Rioja (900 millones).

Los recortes impuestos por Bruselas para atajar la sangría del déficit no hicieron sino frenar el consumo y las inversiones, elementos clave para que el país generara riqueza. De hecho, tanto el gobierno de Rajoy como el FMI, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen asumido que así será.