Mariano Rajoy cumplió el sábado cien días al frente de un gobierno que presenta más interrogantes que certezas. Aunque España obtuvo una prudente anuencia europea a su presupuesto 2012 –el más duro de su historia– para rebajar su déficit en tres puntos durante este año, no son pocas las incógnitas que sobrevuelan el futuro de la alicaída economía española. Apenas se anunciara el viernes el nuevo presupuesto en Madrid, Jorg Asmussen, miembro del directorio del Banco Central Europeo (BCE), dijo desde Copenhague que debía ser aplicado lo más velozmente posible, para que tenga un rápido impacto. Asmussen expresó temor de que el trámite parlamentario español retrase hasta junio la aplicación del ajuste, con lo que Madrid sólo tendría seis meses para reducir su déficit de 8,5 por ciento en 2011 a 5,3 por ciento a fines de 2012, como se comprometió a hacer ante sus socios europeos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, quien explicó a sus colegas europeos el proyecto de presupuesto durante una reunión en la capital danesa, prometió su implementación lo antes posible. Aun así, reducir en tres puntos el déficit español antes de fin de año representa una tarea difícil, admitió una fuente europea, pese al anunciado ajuste de más de 27.000 millones de euros. “La enorme dificultad para España es hallar el justo equilibrio entre austeridad y crecimiento”, señaló Cyril Regnat, analista de Natixis.

Es que muchos expertos temen que la cura pueda acentuar la recesión –este año el PIB español debe caer 1,7 por ciento– en un país que ya tiene una tasa record de desempleo. Citado por The Financial Times, el profesor Luis Garicano, del London School of Economics, dijo que queda por saber cuál será la reacción de las regiones. La misma preocupación expresaba el sábado una nota económica del Crédit Suisse. “Sigue vigente el interrogante sobre cómo las regiones van a adaptarse al ajuste”, señalaba la nota al comentar el presupuesto español.

El problema es que España no sólo está comprometida a reducir su déficit a 5,3 por ciento en 2012, sino también a seguir rebajándolo en 2013 a 3 por ciento, como estipula el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. Muchos expertos dudan de que ese desafío esté al alcance de un país en recesión. François Baroin, ministro de Economía francés, expresó, sin embargo, su confianza en el Ejecutivo español. “Madrid tiene una verdadera determinación en retornar a un nivel de déficit del 3 por ciento”, aseguró Baroin en rueda de prensa en Copenhague, admitiendo que las reformas son difíciles pero necesarias para dar un impulso al crecimiento español. “¿Es España una amenaza para la Zona Euro?”, le preguntaron. “No, no reflexionamos en esos términos”, se limitó a decir Baroin.

En su edición de ayer, el diario español El Mundo recuerda que el 20 de noviembre, cuando Rajoy salió al balcón improvisado de la calle Génova para celebrar su victoria electoral, ya sabía que iba a tener una tarea para nada fácil. Un mes después, el 30 de diciembre de 2012, Rajoy despedía el año con una desviación presupuestaria que superaba ampliamente lo previsto, ubicando al déficit fiscal cerca del 8 por ciento. En ese momento, el gobierno cargó la culpa en la herencia recibida y las cifras ocultadas en el traspaso de poder. Llegaban las primeras medidas polémicas aprobadas por el nuevo Consejo de Ministros.

Sólo se actualizarían las pensiones un uno por ciento. Y un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); más horas de trabajo para los funcionarios y un recorte de 8900 millones en los ministerios. El 3 de febrero se abría el camino para otra de las preocupaciones del presidente: la reforma del sistema financiero. Ese viernes se aprobó la ley de saneamiento del sistema financiero, que contenía un endurecimiento de las reservas exigidas a los bancos para cubrir sus activos y que abría la puerta a una reestructuración de las cajas y bancos y unas duras limitaciones para los directivos.

El presidente del gobierno quería cumplir con los objetivos de déficit de Europa y frenar la sangría del desempleo que, según el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2011, sitúa el número de desocupados en 5.273.600 (22,85 por ciento), mientras que las previsiones del gobierno son que se llegue en 2012 hasta el 24,3 por ciento. Con esta premisa, Rajoy comenzó a estructurar su reforma laboral. Y cuando quedaban semanas para anunciarla lanzó un primer aviso en Europa de la mano de un micrófono indiscreto: “La reforma laboral me costará una huelga”. “Va a ser extremadamente agresiva y va a reducir las indemnizaciones por despido y flexibilizar la negociación colectiva”, le decía el ministro De Guindos al comisario europeo de Economía, Olli Rehn.

Se trataba de la segunda reforma estructural en menos de dos años. El más polémico de sus apartados señalaba: “Será mucho más fácil poder recurrir al despido procedente, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario”. A menos de 48 horas para que se cumplieran sus cien días como presidente, España vivía su octava huelga general de la democracia. El fracaso, que el gobierno se encargó de remarcar, fue visto por la opinión pública internacional como un éxito de los sindicatos. Ese día Rajoy sólo pronunció dos palabras al ser preguntado por el paro: “Total normalidad”.