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El gobierno británico anunció que enviará al Parlamento una medida que busca controlar las llamadas, los correos electrónicos y las visitas a páginas de Internet de los habitantes del Reino Unido. La iniciativa, impulsada por la gestión del primer ministro, David Cameron, obliga a las compañías de Internet a brindarles acceso a las comunicaciones a la agencia de inteligencia británica, GCHQ.

Aunque el Ministerio del Interior inglés afirmó que la medida busca luchar contra el crimen y el terrorismo, grupos defensores de derechos civiles en el país afirmaron que el plan es un avance contra los derechos humanos básicos de los británicos. La nueva ley permitirá a los agentes de inteligencia acceder a los contenidos de mails, llamados o mensajes telefónicos, uso de redes sociales y juegos on line desde el momento en que fueron hechos hasta un año atrás. También los habilita a identificar qué individuo o grupo está en contacto con otra persona o grupo, cada cuánto tiempo y por cuántos días.

En un comunicado dado a conocer en estos días por la ministra del Interior, Theresa May, el gobierno indicó que la acción es necesaria para mantener el control de las comunicaciones a medida que cambia la tecnología. “Es vital que la policía y los servicios de seguridad puedan obtener información de comunicación en ciertas circunstancias para investigar delitos serios y prevenir actos de terrorismo, como también proteger a la población”, destacó May. “Como dejó en claro la Revisión de Seguridad y Defensa Estratégica, nosotros vamos a legislar cuando nos permita el cronograma parlamentario, para garantizar que el uso de información de comunicaciones sea compatible con las políticas del gobierno en materia de libertades civiles”, agregó.

Al respecto se pronunció el comisionado para Scotland Yard, Bernard Hogan-Howe, quien en un artículo en el periódico The Times afirmó que darle más poderes a la policía para acceder a información privada de los británicos es esencial para la guerra total contra la delincuencia. Hogan-Howe advirtió, además, que la policía está en peligro de perder la lucha contra el delito. Sin embargo, el parlamentario conservador David Davis calificó la medida de invasora. “Sólo ayudará a atrapar a los inocentes e incompetentes”, agregó. “Transformará a Gran Bretaña en una nación Gran Hermano”, disparó Rachel Robinson, del grupo defensor de los derechos civiles Liberty.

La previa administración laborista, encabezada por Gordon Brown, intentó introducir una base de datos central a cargo del gobierno con la información de todas las llamadas telefónicas y mails, pero debió archivar la propuesta por una fuerte oposición conservadora y de los liberales democráticos.