El gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado no llegaron a un acuerdo en el marco de las negociaciones que confluyeron el sábado por la noche, por lo que el paro acatado por cerca de 350.000 empleados estatales, iniciado hace tres meses, continúa adelante. Las autoridades buscan descomprimir el conflicto sindical ante la posibilidad de que la medida de fuerza termine golpeando los cimientos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de octubre. Luego de recibir a un grupo de gremialistas, el secretario de Trabajo del Ministerio de Planificación, Sergio Mendonca, declaró que el gobierno no aceptaba modificar el parámetro de negociación que fija un aumento del 15,8 por ciento a ser pagado de forma escalonada hasta 2015.

Mendonca se refirió en esos términos luego del encuentro mantenido el sábado por la noche en Brasilia con los gremialistas, en una negociación que revela la preocupación de Rousseff por conseguir el fin de una huelga que se presenta como la más seria de la última década y que ya la enfrentó con sindicatos vinculados al PT. La semana pasada se realizó una marcha en la capital brasileña donde se lanzaron fuertes críticas contra la mandataria y en la que participaron gremios de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) cuya dirigencia está afiliada al PT.

El gobierno, a través de Gilberto Carvalho, secretario de la Presidencia, y José Eduardo Cardozo, secretario de Justicia, convocó a los sindicatos a que se conduzcan con equilibrio y recordando que el país está siendo afectado por la crisis. Incluso el ministro de Hacienda, Guido Mantega, advirtió hace una semana a los sindicatos por los efectos negativos que podría ocasionar el aumento de los salarios con un Producto Bruto Interno (PIB) que arañó el 2,7 por ciento en 2011, y que podría crecer menos del 2 por ciento durante este año.

A pesar del intento del gobierno por empujar a los gremialistas a abandonar la huelga, los sindicatos prefirieron no acatar los consejos de los ministros. Hace tres meses los docentes universitarios de 57 casas de estudios iniciaron una huelga que, por entonces, parecía aislada. Sin embargo, poco tiempo después comenzó una serie de paros, que actualmente afectan a más de treinta reparticiones públicas, con cerca de un millón de afiliados, según estimaciones publicadas ayer por el diario Estado de São Paulo.

La ola de huelgas que paralizaron parte de la administración pública brasileña se prolongará esta semana con dos paros inéditos, uno convocado por la entidad que nuclea a los diplomáticos y otro en el que los policías suspenderán el control de pasajeros en los aeropuertos internacionales. La primera huelga de la historia del Servicio Exterior brasileño se inició en junio, cuando se suspendieron las actividades en 130 misiones en todo el mundo, medida levantada provisoriamente y que será retomada el miércoles, según informó el Sindicato Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinditamaraty).

“Presentamos un oficio para ser oídos por el Ministerio de Planificación y ni siquiera nos respondieron, el gobierno sólo oye a quienes van a la huelga, entonces entraremos en huelga”, manifestó Helder Nozinha Pereira, portavoz de Sinditamaraty. El fracaso de las negociaciones que tuvieron lugar durante el fin de semana parece indicar que el enfrentamiento entre las autoridades y los gremios podría prolongarse por más tiempo, pese a que Rousseff habría instruido a sus colaboradores para que el conflicto sindical se destrabe finalmente durante el transcurso de esta semana.

Por su parte, José Nilton Acosta, de la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal, que se sentó a negociar en persona con el Ministerio de Planificación, aseguró que el incremento del 15,8 por ciento ofrecido por el gobierno no satisface las expectativas de los trabajadores estatales porque “está muy lejos de la corrección salarial exigida”.

En el contexto de la disputa entre sindicalistas y el gobierno, el diario Folha de São Paulo publicó que la popularidad de Rousseff, “pese a seguir altísima” y en torno al 70 por ciento, ha sufrido una caída de 10 puntos en San Pablo y 6 puntos en Río de Janeiro, las dos principales ciudades del país.