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Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) demostraron ayer que seguían divididos respecto de la crisis política en Paraguay, pese a lo cual el organismo decidió enviar una misión de observación de las elecciones que se efectuarán en ese país el 21 de abril de 2013. Después de casi cuatro horas de debate, el Consejo Permanente de la OEA cerró sin consenso una nueva sesión extraordinaria sobre la situación en el país sudamericano tras la destitución del presidente Fernando Lugo en un rápido juicio político, el pasado 22 de junio.

Al comienzo de la reunión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunció que había recibido una petición de Paraguay para enviar una misión al país y que la había aceptado, decisión que no requiere un consenso en el Consejo Permanente. Si los recursos de la OEA lo permiten, la delegación llegará a Paraguay probablemente en noviembre, “seis meses antes de las elecciones”, explicó Insulza a periodistas, y “estará encabezada por una personalidad de alto nivel de fuera de la organización, si es posible un ex jefe de Estado”.

Su tarea será, además de supervisar el proceso electoral, “promover el diálogo político y apoyar las reformas legales que puedan evitar una nueva crisis” en el país, donde “se mantiene una ruptura” entre el actual gobierno de Federico Franco y quienes defienden la legitimidad de Lugo como jefe de Estado, según Insulza. El titular de la OEA presentó a los representantes un nuevo informe sobre el país, donde “la situación desde el punto de vista político es de plena normalidad” y “existen buenas condiciones para iniciar un diálogo político”, afirmó. En el plano jurídico, recordó que la Corte Suprema de Justicia aún debe decidir si anula el juicio político del pasado 22 de junio y ordena su repetición, y que de no ser así, la defensa de Lugo llevará el caso a dos instancias de la OEA, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, que aceptarán mediar en él.

El representante de México, Joel Antonio Hernández García, propuso que el Consejo Permanente aprobara “una declaración de apoyo” al envío de una misión “que acompañe el proceso a los comicios y facilite el diálogo político”. Sin embargo, el representante interino de Brasil, Breno Dias da Costa, consideró que esa propuesta era “inoportuna e inadecuada”, al señalar que la decisión no correspondía al Consejo Permanente, una postura que compartieron Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Esos países recordaron la decisión tomada por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) de suspender a Paraguay, y criticaron la falta de acción en la OEA, pero ninguno de ellos pidió explícitamente una exclusión del país del organismo.

Países como Estados Unidos, Canadá, Honduras, Panamá y Costa Rica sí respaldaron la petición de México, aunque finalmente sus opiniones quedaron simplemente reflejadas en el acta de la reunión, sin que se votara ninguna declaración. Pese a esas divisiones, Insulza consideró un “avance” que los representantes de los Estados miembros “no hicieran ninguna petición de que se sancione a Paraguay”. Para iniciar los trámites de la misión, el titular de la OEA enviará la próxima semana a Paraguay al secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Kevin Casas-Zamora, y el jefe de gabinete de la organización, Hugo de Zela Martínez.