Desde Barcelona

Las banderas nacionalistas catalanas brillaron el viernes en un estadio Palau Sant Jordi prácticamente lleno que asistió al último mitin de Artur Mas, actual presidente de la región y candidato por el partido de centroderecha, CIU, que encabeza la cruzada soberanista. Las banderas españolas, en cambio, fueron las que se agitaron en el cierre de campaña de Alicia Sánchez Camacho, dirigente del principal partido de la oposición, el Partido Popular de Cataluña, y férrea defensora de la unidad del país. En la discoteca que acogió el acto final del líder del Partido Socialista, sin embargo, no hubo banderas. Pere Navarro ha optado por el “federalismo”, una solución a medio camino entre la independencia y la dependencia de Cataluña respecto de España.

Si bien el eje de toda la campaña electoral ha sido el debate soberanista, en los últimos días este tema ha tenido que compartir protagonismo con otro de tono menos épico: un posible escándalo de corrupción en torno del presidente catalán. El diario madrileño El Mundo publicó el pasado lunes un supuesto informe del Cuerpo Nacional de Policía en el que se acusa a Artur Mas de poseer una cuenta en Suiza y depositar allí el cobro de comisiones irregulares. Pese a que el Sindicato Unificado de Policías (SUP) luego ha desmentido que en dicho texto se nombre al dirigente, desde el gobierno español se avala el documento y se pide que la Justicia investigue la responsabilidad de Mas en el presunto fraude fiscal.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo catalán ha pedido explicaciones al gobierno central por su “juego sucio” y asegura que se trata de injurias que “sólo quieren que el pueblo de Cataluña no pueda decidir su futuro”.

En medio de este imparable cruce de acusaciones, la pregunta que se plantean los partidos es cómo va a repercutir dicho escándalo en las urnas. Los sondeos de la última semana apuntan a que CIU saldría vencedor en los comicios, aunque sin la mayoría absoluta que busca para llevar adelante su proyecto nacionalista. El dirigente insistió a lo largo de toda la campaña en reclamar “una fuerza excepcional porque el momento es excepcional”, instando a que nada pueda frenar la convocatoria del referéndum de autodeterminación que Mas persigue desde la multitudinaria manifestación independentista del 11 de septiembre.

Los argumentos separatistas no sólo vertebran el discurso del centroderecha. Desde la izquierda, la lucha por un Estado propio la encabeza Esquerra Republicana (ERC), cuyo cabeza de lista, Oriol Junqueras, defiende también el derecho a decidir del pueblo catalán pero difiere con Artur Mas en su ultraliberalismo económico y social. “Nosotros no avalaremos nunca a alguien que defiende la consulta popular, pero que su propuesta se basa en reformas laborales injustas y en el aumento de impuestos a las clases medias y bajas”, asegura el candidato republicano.

El Partido Socialista, por su parte, apuesta por un proyecto federalista que se ubica a medio camino entre las posturas partidarias de la independencia y las que quieren continuar dentro de España. Pere Navarro, su máximo representante, reivindica la solución federal que sigue el modelo de países como Estados Unidos y Alemania, por considerarla “la única vía en la que Cataluña no tendría la inseguridad jurídica de saber si quedaría excluida de la UE”, al tiempo que recrimina al presidente de la Generalitat, que esté “jugando gravemente con los sentimientos de los catalanes al plantear un órdago independentista poco viable”.

Según los sondeos del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, los socialistas podrían quedar como segunda fuerza con 19,5 escaños, seguidos por el Partido Popular, que pasaría a ocupar la tercera posición, con 16 diputados. Alicia Sánchez-Camacho, líder de la agrupación de centroderecha, se ha presentado como “el voto útil” para frenar la ruptura con España y sostiene que “mientras CIU sólo habla de una independencia imposible, el PPC habla de sumar las ventajas de un proyecto español y europeo”.

En segundo plano, detrás de los dardos a favor y en contra de la independencia y detrás de los presuntos delitos de corrupción de última hora, ha quedado la huelga general que tuvo lugar en plena campaña electoral. El 20 por ciento de electores que aún permanece indeciso refleja el descontento por la falta de atención que la clase política ha demostrado hacia una crisis económica que afecta a la mayoría de los ciudadanos.

Agrupaciones políticas de izquierda como Iniciativa per Catalunya y la CUP han querido hacerse eco de esta demanda y han pedido “la rebelión” de los votantes ante los partidos mayoritarios que reivindican los recortes impuestos por Europa como única alternativa. Las urnas dirán ahora cuál de todos los caminos propuestos durante esta campaña de vértigo seguirá Cataluña en los próximos cuatro años.