Una movilización en Tucumán por el Día de la No Violencia hacia las Mujeres.
Imagen: Télam.

La Justicia de Tucumán se negó a investigar la violación del secreto médico y la violencia obstétrica, psicológica e institucional que denunció una paciente de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que depende del gobierno provincial y es la más grande, por cantidad de partos, del norte argentino. La mujer, de 26 años, condición muy humilde y madre de tres hijos, llegó al centro de salud con un aborto en curso. Pero las dos médicas que la atendieron decidieron llamar a la policía para denunciarla ante la sospecha de que se había provocado el aborto y dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos uniformados para tomarle declaración mientras permanecía internada, acostada en una cama del hospital. Pero antes la sometieron a un interrogatorio cargado de maltrato y le practicaron un legrado sin anestesia, según denunció la paciente.

Sin embargo, para el fiscal interviniente, Arnoldo Suasnabar, el caso no merece investigación alguna: ordenó archivar el expediente sin siquiera citar a las médicas denunciadas. La resolución fue apelada por la joven. Su oposición al archivo fue apoyada por Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). En la historia clínica consta que la paciente fue legrada sin recurso alguno que mitigara su dolor, como ocurría tiempo atrás como práctica habitual en hospitales públicos a modo de castigo. Pero para el fiscal, esta situación no significó ningún tipo de violencia hacia la mujer. La Maternidad está ubicada en la capital tucumana.

El caso, interesante para reflexionar en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, refleja la actuación de la Justicia frente a formas de violencia de género menos visibilizadas en el imaginario social y muestra al mismo tiempo el desconocimiento de la jurisprudencia vigente –avalada por la Corte Suprema de la Nación–, por la cual no se puede instruir sumario criminal en contra de una mujer que se sospecha haya causado su propio aborto o consentido que otra persona se lo provocara. Suasnabar es el mismo fiscal que investiga a la mujer por aborto. Esa causa no la archivó.

“Lo más triste de todo es ver cómo el Poder Judicial se vuelve cómplice de aquellos que violan los derechos de los más vulnerables”, opinó en diálogo con Página/12 la abogada que patrocina a la joven, Soledad Deza, integrante de la Alianza de Abogad@s por los derechos humanos de las mujeres, que agrupa a más de un centenar de profesionales de distintos puntos del país. El 17 de agosto, Deza presentó un escrito ante la Corte Suprema de Tucumán en el que solicitó que se capacite a los fiscales con perspectiva de género y puntualmente en materia de violación de secreto y aborto. No obtuvo respuesta. El 21 de septiembre reiteró el pedido dirigido esta vez a la Oficina de la Mujer del máximo tribunal, recientemente creada. Cuando el fiscal ordenó el archivo de la causa, más de una docena de organizaciones del movimiento de mujeres de Tucumán se sumaron ante la Corte con el mismo reclamo, y también la oficina local del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Argentina de Mujeres en Carreras Jurídicas. Para preservar la intimidad de la paciente, la mujer fue identificada con el nombre ficticio de “María Magdalena”. Este diario publicó sobre el caso en agosto. “La presencia de los uniformados rodeando a la paciente en su lecho de convalecencia constatada por personal de salud mental de la Maternidad, obrante en la historia clínica, tampoco es dato relevante para la Fiscalía de la violación de la intimidad de la paciente”, objetó Deza. “El archivo es un intento de silencio ante la injusticia de género que mella en la vida de María Magdalena las más crueles de las realidades y que no sólo implica asimetría de poder entre paciente y médica, sino entre mujer pobre y sistema que la repele en vez de protegerla, es una muestra más de que la Justicia no tiene perspectiva de género y que los derechos de las mujeres en Tucumán deben militarse con la vida y con la propia libertad”, agregó la letrada. “Lo que se visibiliza en este caso es que la intimidad y la dignidad de una mujer en estado de vulnerabilidad que concurre a la salud pública para acceder a la salud como derecho humano fundamental es una intimidad ‘de segunda’. Su vida privada, para el fiscal Suasnabar, no tiene el mismo peso que la de cualquier mujer e incluso merece menos protección que la correspondencia epistolar”, concluyó Deza.

La abogada fue notificada el 26 de octubre de la decisión del fiscal. Al fundamentar el archivo de las actuaciones, la fiscalía alegó que “de ningún modo se dan los elementos objetivos y subjetivos de la figura penal en examen, violación de secreto profesional previsto y penado por el art. 156 del CP”. Y además, sostuvo que “existen ciertos delitos –como las prácticas abortivas– que imponen al profesional de la salud a denunciar el hecho”. Respecto de la violencia obstétrica, psicológica e institucional denunciada, el fiscal no dice nada. “Es alarmante que no diga nada de los distintos tipos de violencia hacia la mujer denunciados. Sabemos que lo que no se nombra no existe”, apuntó Deza.

El hecho que disparó la denuncia contra las dos médicas ocurrió en el verano. María Magdalena ingresó a la guardia de la Maternidad en la madrugada del 12 de enero con fuertes dolores abdominales. La acompañaban su pareja y su madre. “Luego de maniobras ginecológicas de exploración, se me acusa de haberme provocado un aborto”, contó en la denuncia. En la historia clínica figura que le extrajeron dentro de la cavidad uterina, al hacerle el legrado sin anestesia, restos fetales y “un palito de plástico de chupetín”. La mujer negó haberse sometido a un aborto y contó que estaba bajo tratamiento por una patología biliar y que utilizaba un método anticonceptivo inyectable. María Magdalena negó además conocer que estaba embarazada, incluso detalló que en diciembre –es decir, un mes antes– le hicieron una ecografía abdominal donde no le informaron de ninguna gestación en curso. María Magdalena tiene en su poder ese estudio.

Pero las médicas en la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes Claudia Callejas y Alejandra Berenguer, una, jefa y la otra, residente, la interrogaron en un contexto de profundo maltrato, según denunció la mujer. “El acoso del personal médico fue de tal magnitud que mi madre se vio presa de un ataque de nervios y mi pareja se vio fuertemente consternada no sólo con la sorpresa del embarazo que – reitero– desconocíamos, sino además con el trato que se me proporcionaba: altamente violento, hostigador y acusador, lo cual me llevó a permanecer casi todo el tiempo en estado de llanto”, detalló en la presentación judicial. “Luego se me hizo un legrado, sin recibir anestesia, y se hizo ingresar nuevamente a mi pareja con el objeto de mostrarle el feto que se me acusaba de haber abortado. La madrugada fue para mí insoportable, no sólo por los dolores físicos, sino por el maltrato psicológico. En todo momento se me agredía verbalmente y las médicas que me atendían en ese momento emitían juicios de valor sobre mi conducta, que ya habían juzgado como delictiva y cruel. Llegaron a decirme en presencia de mi pareja que por lo que había hecho “él ni siquiera flores me iba a llevar a la tumba si yo me moría de una infección”. Aclaro que es el padre de mis tres hijos y estamos juntos desde hace más de 10 años, pese a mis cortos 26 años de vida”, detalló María Magdalena en la denuncia.

Las médicas llamaron a la policía y denunciaron a la mujer por la supuesta realización de un aborto. Cuando los uniformados ingresaron a la sala de internación comunitaria, interrogaron a María Magdalena, con el consentimiento de las dos ginecólogas. La mujer negó en todo momento haber interrumpido un embarazo. “Sin embargo, las acusaciones del personal médico eran permanentes y de viva voz, con lo cual recibí también la censura de las demás parturientas, lo cual agravaba aún más mi desazón al ver que las mismas personas que me acusaban y maltrataban eran de las cuales dependía mi salud. Por la mañana ingresó una psicóloga donde yo estaba internada y al constatar que me rodeaban dos policías uniformados y uno de seguridad privada en el lecho de convalecencia, quienes además me hacían preguntas sobre la denuncia formulada por mis médicas tratantes, ordenó que se retiraran de inmediato, me llevaran a un lugar donde dispusiera de privacidad y dijo expresamente que se estaba violando mi intimidad”, siguió María Magdalena en su denuncia.

Esa psicóloga y otras dos más que vieron la escena dejaron constancia de la violación del secreto profesional, de la intimidad y de la violencia obstétrica contra la paciente en la historia clínica. Las autoridades hospitalarias resolvieron archivar el caso. Ahora es la Justicia de Tucumán la que silencia la denuncia de María Magdalena.