El proyecto del PRO para el traspaso del subte no dejó contento a nadie. La iniciativa –que trae consigo impuestos a los combustibles y aumentos de peajes y patentes– también declara la emergencia por cinco años y le otorga carácter de servicio esencial. “Si hubiera una huelga, los gremios estarán obligados a garantizar el 90 por ciento de los viajes en horas pico y el 60 en horas normales”, afirmó la vicejefa María Eugenia Vidal. “No esperábamos un proyecto tan malo. El subte no es un servicio esencial. Lo plantea la OIT. Quieren cercenar los derechos democráticos de los trabajadores”, retrucó Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados. Metrovías emitió un comunicado en el que responsabilizó (sin nombrarlo) a Mauricio Macri por la impasse de un año en el traspaso del subte y el consecuente deterioro de la red de subterráneos.

Vidal salió a apuntalar la estrategia del PRO de culpar al gobierno nacional por los aumentos de impuestos que está proponiendo Macri para financiar el subte. El proyecto de ley tiene una cláusula que dice que ningún aumento se aplica si el gobierno nacional sigue aportando el dinero de los subtes. “El aumento del impuesto se elimina automáticamente cuando el gobierno nacional, ya sea voluntariamente o por la vía judicial, nos dé los recursos que corresponden”, afirmó Vidal. Para el macrismo, la política de subsidios y las inversiones en obras son “recursos” que deberían darle a la Ciudad e irán a la Justicia con ese argumento.

La vicejefa admitió que se evalúan nuevos aumentos en el precio del pasaje, “pero no en el corto plazo”. El proyecto es de un 10 por ciento de aumento en los peajes de AUSA, un 5 por ciento en el impuesto a patentes de autos de más de 150 mil pesos y un gravamen a los combustibles. “Son 40 centavos por litro de nafta especial, 30 centavos por litro en el resto de las naftas y 20 centavos para gasoil”, detalló Vidal. “Ningún aumento es simpático para nadie”, aclaró. Todo irá a un fideicomiso.

Vidal sostuvo que, después de que la Legislatura apruebe esos impuestos, “tenemos previsto un período de 60 o 90 días para hacer una auditoría sobre los costos. No hemos tenido acceso a la contabilidad de la empresa todavía”. La vicejefa aclaró que luego de esos 90 días, en los que Metrovías seguirá a cargo, se decidirá si se llama a una nueva licitación para operar el subte o si se hace cargo el Estado. “En cualquier caso, lo que es la explotación comercial, cualquier cosa que sea dinero extra lo va a administrar el Gobierno de la Ciudad. Eso se estatiza independientemente de la administración del servicio”, indicó Vidal.

Esto les gustó bien poco a los gerentes de Metrovías, que han tercerizado esos servicios en otras empresas del Grupo Ro-ggio. La empresa resolvió romper el silencio que mantenía en este último tiempo. Con un comunicado reafirmó que opera el subte “desde hace más de 18 años” y que estará “a la altura de las exigencias de gestión y operación que le sean solicitadas en el proceso de traspaso”. Luego, sin perder el tono diplomático, señaló la responsabilidad de Macri en el estado actual del subte. “Los once meses transcurridos desde la suspensión del traspaso demandaron realizar grandes esfuerzos para seguir transportando a casi un millón de pasajeros por día en el marco de una situación económica que generó una deuda que asciende a más de 150 millones de pesos en concepto de subsidio, sumado a los más de 70 millones de pesos adicionales que la empresa aportó a los fines de cumplir con los acuerdos paritarios.”

Contra lo que señala la gestión PRO, Metrovías advirtió que “la Auditoría del Metro de Barcelona no señala ningún aspecto crítico, excepto en cuestiones estructurales como la necesidad de hacer el recambio de flota de la Línea A”. En la empresa del Grupo Roggio dejaron claro que están dispuestos a negociar, pero no a irse sin más.

El otro frente que se abrió a partir de la difusión del proyecto de ley –que la gestión PRO sigue sin mostrar ni a los legisladores ni a la prensa– es con los sindicatos. El planteo de Vidal de que se debe cumplir con “el 90 por ciento del servicio” en un paro causó indignación y risas por igual. Según explicaron en el sector de transporte, un 90 por ciento de los viajes es incluso más de la frecuencia que prestan normalmente.

“Es una clara actitud antisindical que viola los tratados internacionales firmados por la Argentina, donde claramente se rechaza que el subte es un servicio esencial”, advirtió Pianelli a Página/12. Destacó que cuando hay paro de subte siguen existiendo otros medios de transporte. “Tampoco hay emergencia. Macri estuvo un año para agarrar el subte. De emergencia, evidentemente, no tenía nada”, afirmó el metrodelegado. “Los aumentos hay que discutir para qué son. Uno podría estar de acuerdo si es para licitar y hacer nuevas líneas, pero si es para darle subsidios a la empresa, lo primero que habría que hacer es una auditoría contable, para ver cuánto es la ganancia y cuánto dinero se gira a otras empresas del Grupo Roggio, ya que está denunciada por los directores que representan a la Anses ante la Comisión Nacional de Valores, así como en un informe del legislador Rafael Gentilli”, remarcó.

Pianelli también remarcó que “habría que hacer una auditoría sobre Sbase, ya que tenemos entendido que el kilómetro de subte en dólar lo está pagando en el último año el doble de lo que lo pagaba antes”. El dirigente sindical concluyó: “Tenemos confianza en que la oposición no va a acompañar estas barbaridades que está planteando el macrismo”.