Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) español para el próximo año fueron aprobados ayer definitivamente por el Congreso de los Diputados con los votos del gobernante Partido Popular. Los PGE prevén un ajuste de casi 40.000 millones de euros. La mayoría de las fuerzas opositoras criticaron las cuentas del Estado para el próximo ejercicio al no considerarlas realistas en cuanto a la previsión de ingresos y por contener medidas que ven antisociales e injustas. Los presupuestos fueron aprobados tras superar ocho vetos en el Senado e incorporar 89 nuevas enmiendas, entre ellas la dotación de 23.000 millones de euros con carácter de crédito ampliable para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) –destinado a ayudar a las regiones con problemas para obtener financiación– en 2013.

Mediante los presupuestos aprobados ayer se contempla un recorte medio para los ministerios del 8,9 por ciento, por un total de 39.722 millones de euros. Sin embargo, el pago de los intereses de la deuda asciende a más de 38.000 millones. Las cuentas para el próximo año se enmarcan en la política de ajuste emprendida por el gobierno que preside Mariano Rajoy, con el objetivo de reducir el déficit público hasta dejarlo en el 6,3 por ciento del Producto Interno Bruto PIB este año (desde casi el 9 por ciento) y en el 4,5 por ciento del PIB en 2013, tal como lo exige la Unión Europea.

La cifra del déficit fue anunciada por la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que explicó que subió algo más de dos décimas respecto del acumulado hasta octubre, que fue del 4,13 por ciento del PIB. La secretaria de Estado explicó que noviembre es un mes complicado tanto por el lado de la recaudación, ya que no se producen ingresos significativos, como por el del gasto, pues se concentra un gran porcentaje de ejecución del Presupuesto.

Por otra parte, el Congreso ratificó con los votos del PP el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que implica una reforma del Código Penal para perseguir con pena de hasta seis años de cárcel a los defraudadores. La mayoría de las formaciones políticas ha rechazado la nueva ley, entre otras cosas porque dicen que provocará que partidos políticos y sindicatos dejen de estar exentos del régimen de responsabilidad previsto en el Código Penal para las personas jurídicas.

En medio de un denso clima social, golpeado por un desempleo de más de 25 por ciento, el incremento de la pobreza y manifestaciones casi diarias, el presupuesto tiene por objetivo sanear las cuentas públicas de España, la cuarta economía de la Zona Euro, sumergida en la crisis desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. La política de ajuste del gobierno es denunciada cada vez más por los economistas, que la perciben como un freno a la reactivación económica y con consecuencias sociales a largo plazo.

Los datos que arrojan las organizaciones humanitarias no dejan de alarmar: 12,7 millones de personas están al borde de la pobreza en un país de 47 millones de habitantes, según un reciente estudio elaborado por la organización Intermón Oxfam, cifra que podría alcanzar los 18 millones, casi 40 por ciento de la población, en diez años, afirmó un informe de varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la misma Oxfam, “si las políticas de austeridad y recortes sociales no se corrigen”.

Esta semana Rajoy, presidente del gobierno conservador, admitió que 2012 fue el año más difícil, y que el próximo será el de la estabilización de la economía española. Sin embargo, 2013 se anuncia tan sombrío como el año que termina, y la salida de la recesión en la que está hundida España se hace esperar: el gobierno espera una contracción del PIB de 0,5 por ciento en 2013, luego de 1,5 por ciento este año. Pero la OCDE pronostica una contracción mucho más importante, que puede alcanzar al 1,4 por ciento el año que viene.

Entre los recortes figura una quita de 6,3 por ciento para las prestaciones sociales, mientras que el Estado espera ingresos adicionales por 15.000 millones gracias a la suba del IVA. Además de la reducción de los presupuestos de los ministerios del 8,9 por ciento, se espera que el de Industria sufra una retracción del 21,3 por ciento, el de Agricultura 25,4 por ciento, el de Educación, Cultura y Deportes 17,2 por ciento.

La organización católica Caritas se inquietó por la reducción de la ayuda al desarrollo de 45 por ciento con respecto al presupuesto 2012. Las regiones, apuntaladas para que respeten los objetivos de déficit tras años de relajamiento fiscal, también contribuirán con importantes repercusiones en sus presupuestos de salud y educación, que administran debido a su estatuto de autonomía.

Los jubilados también se ven afectados: el gobierno finalmente se sinceró y decidió que las pensiones serían revalorizadas menos de lo previsto.