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El escándalo de corrupción que involucra a un ex tesorero del Partido Popular (PP) creció ayer al afirmarse que blanqueó unos 10 millones de euros que tenía en Suiza, presuntamente con la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy (foto), aunque el fisco lo negó. Ante el estupor que provocó la noticia de la radio Cadena Ser sobre el ex tesorero Luis Bárcenas, la oposición en bloque pidió explicaciones al Ejecutivo del derechista PP, al que acusaron de haber dictado la ley de amnistía de 2012 para sus conocidos o amigos.

“Sospechamos que adoptaron esas medidas para blanquear y limpiar la responsabilidad de Bárcenas. La pregunta es cuántas personas más vinculadas al PP se acogieron a esta indecente amnistía fiscal”, dijo la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Además de reclamar la comparecencia de Rajoy, quien ya estaba algo salpicado por el escándalo porque era el presidente del PP cuando Bárcenas fue nombrado tesorero, el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, también exigió que Hacienda publique la lista de los principales defraudadores que se beneficiaron de la amnistía.

Un día después de la revelación judicial de que Bárcenas, imputado en el famoso caso de corrupción Gürtel, llegó a acumular 22 millones de euros en cuentas a su nombre en Suiza, Cadena Ser afirmó ayer que se habría beneficiado de la polémica medida de gracia decretada por Rajoy para los evasores.

Consultado sobre esa información, el abogado defensor del ex tesorero, Alfonso Trallero, declaró a otra radio, la Cadena Cuatro, que sí era cierto que quien fuera el máximo responsable de las finanzas del PP regularizó unos 10 millones de euros que tenía en cuentas en Suiza, aunque no dijo cómo.

El letrado admitió que su cliente tuvo cuentas en Suiza desde 1988 pero que el dinero provenía de sus actividades mercantiles e inversiones con socios en Sudamérica y no del PP, es decir no de la trama de corrupción por la que se acusa a Bárcenas de haber recibido plata a cambio de beneficiar a un empresario. Rajoy aprobó en 2012 una controvertida amnistía fiscal que entre marzo y noviembre permitió a los defraudadores blanquear bienes y dinero a cambio de un 10 por ciento de multa. La amnistía protege a los evasores de futuros procesos penales.