El yerno del rey y su ex socio Diego Torres tienen cinco días para reunir el dinero de la fianza.
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El juez que investiga el caso de corrupción en el que está implicado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, fijó una fianza de 8,1 millones de euros para el yerno del rey y su ex socio Diego Torres. Ambos están procesados por apropiación indebida de fondos públicos. La decisión supone un nuevo avance en el primer caso de corrupción política que salpica a la Corona española, que anteayer veía con enorme preocupación la imputación y citación judicial del secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

La Casa Real emitió ayer un comunicado en el que asegura que no tomará decisión alguna en su ámbito de responsabilidad sin haber antes conocido y valorado la declaración de García Revenga. Esto quiere decir que el secretario se mantendrá en su cargo al menos hasta la fecha de su citación, el 23 de febrero.

Por su parte, el yerno del rey y su ex socio tienen cinco días para reunir el dinero de la fianza, cuya cuantía corresponde “al monto íntegro de fondos públicos que se apropiaron”, o la Justicia procederá a embargar sus bienes. La Justicia de Palma de Mallorca investiga, desde noviembre de 2011, a Urdangarín y Torres por haber desviado a paraísos fiscales millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos –entidad sin fines de lucro– para la organización de cinco eventos en Illes Balears Forum y Valencia Summit.

Los contratos fueron otorgados por ambos gobiernos regionales, en manos del Partido Popular (PP), sin que mediara concurso ni licitación. El magistrado José Castro, que responde con su última decisión al pedido de la fiscalía, argumenta que los contratos firmados por la Fundación Nóos, con los gobiernos de Islas Baleares y Valencia, son fruto de una actividad delictiva premeditada.

En su resolución de 542 páginas, el juez afirma que la única finalidad perseguida con la creación del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro para acceder a fondos públicos a través de convenios. Asimismo, remarca que los gobiernos regionales, gestores de los fondos públicos, tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas, en tanto que adoptadas al margen de cualquier expediente administrativo.

Si bien señala que no se pronunciará aún sobre su responsabilidad, advierte que Urdangarín y Torres no son los únicos criminalmente responsables. Torres y el duque de Palma, casado con la infanta Cristina, también están procesado por un delito de evasión fiscal de unos 400.000 euros entre 2007 y 2008.

La semana pasada, Torres envió unos correos electrónicos al juez que sitúan a García Revenga en el corazón de Nóos, donde tenía el cargo de tesorero y formaba parte del patronato. No obstante, se sospecha que asesoraba a Urdangarín en sus negocios y llegó a participar de forma activa en la dirección de la fundación.

Urdangarín y Torres crearon el Instituto Nóos en 2003 y poco después comenzaron a utilizar la posición del yerno del rey para lograr contratos públicos millonarios. De acuerdo con la investigación, los dos ex socios se pusieron de acuerdo para utilizar la influencia de Urdangarín derivada de su parentesco con la Casa Real.

A pesar de que parte de los fondos públicos fueron desviados a la empresa Aizoon, que Urdangarín comparte al 50 por ciento con la hija menor del rey Juan Carlos, el juez del caso rechazó en marzo imputar a la infanta Cristina. En su primera declaración ante la Justicia, Urdangarín atribuyó a su ex socio la responsabilidad sobre las empresas investigadas, lo que desencadenó una guerra entre ambos que aún ha terminado y puede tener dimensiones inesperadas.