El escándalo por corrupción que salpica al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, siguió creciendo ayer con la publicación de detalles de la “contabilidad B” de su partido que apuntan a un financiamiento ilegal. Tras la revelación de documentos manuscritos que confirman el pago de sobresueldos a la cúpula del Partido Popular (PP), incluidos Rajoy y su secretaria general, María Dolores de Cospedal, la sangría de información comprometedora para la fuerza gubernamental no cesa.

De acuerdo con los nuevos fragmentos de las cuentas del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que publicó ayer el diario El País, el 70 porciento de los ingresos registrados entre 1990 y 2008 como donativos vulneraron la ley de financiación de partidos políticos. Bárcenas está procesado por evasión fiscal en el marco del famoso “caso Gürtel”, la trama de corrupción destapada en 2009 que pagaba comisiones al PP a cambio de contratos públicos, principalmente en las regiones de Madrid y Valencia, gobernadas por ese partido.

Ante la aparición de los documentos manuscritos y la confirmación de la información que consta en ellos por algunos dirigentes “populares”, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dijo ayer que la fiscalía está investigando la contabilidad del PP y no descarta llamar a declarar a los miembros de la cúpula del partido implicados en el caso de corrupción.

Existen dudas sobre si el pago de sobresueldos y financiación ilegal debe ser investigado como parte de la trama Gürtel o en forma separada, añadió el fiscal Torres Dulce. La fiscalía anticorrupción emitió posteriormente un comunicado en el que afirmó que por el momento no ve indicios para vincular el dinero de las cuentas de Bárcenas descubiertas en Suiza –22 millones de euros– con la supuesta “Caja B” del PP, aunque se está investigando y, si encuentra conexión, remitirá la información a la Audiencia Nacional.

No obstante, el Ministerio fiscal pide al juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, que cite a declarar a Luis Bárcenas. Por su parte, el opositor Partido Socialista (PSOE) anunció que pedirá al Tribunal de Cuentas una revisión extraordinaria de las cuentas del PP y que, de haber alguna ilegalidad, consideró “obvio” que Rajoy debería dimitir.

La plana mayor del PP pasó de negar la información referente al cobro de sobresueldos revelada por los diarios El País y El Mundo y apuntar a una “conspiración”, a evaluar qué medidas tomar ante las dimensiones que adquirió el caso de corrupción.

Rajoy, que aún no dio la cara, convocó una reunión de la cúpula del PP para hoy y al finalizar dará una conferencia de prensa para contener la indignación de los españoles, que ya comenzaron a pedir su renuncia en la calle, en las redes sociales y con la recolección de firmas a través de Change.org, que consiguió más de 450.000 adhesiones en menos de 48 horas, un record histórico para esta plataforma.

La “número dos” del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, negó que el escándalo de corrupción, que está dando la vuelta al mundo, esté afectado al Ejecutivo a nivel institucional, al tiempo que defendió la honestidad e idoneidad de Rajoy. Sin embargo, los manuscritos de la “contabilidad B” del PP que salieron a la luz arrojan sospechas sobre Rajoy, cuyo nombre aparece en la lista de receptores de pagos trimestrales o semestrales cuya cifra anual asciende a los 25.200 euros.

Por otro lado, los nuevos detalles que se desprenden de los documentos publicados revelan que de los 7,5 millones de euros que aparecen en la contabilidad B del PP, 5 millones incumplían con la legislación entonces vigente –Ley de Financiación de Partidos, que rigió entre 1987 y 2000–. La normativa establece que los partidos no pueden recibir de la misma persona física o jurídica cantidades superiores a los 10 millones de pesetas (60.101 euros) al año. El límite subió después a 100.000 euros, pero el PP también se lo saltó. También estaban prohibidos los aportes de empresas que hagan servicios o realicen obras para la administración pública.

En las cuentas de Bárcenas, las mayores cantidades de dinero proceden de grandes constructoras españolas que realizaron obras públicas. En la lista destacan los conocidos empresarios como Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL –candidato derrotado en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid–, y Luis Rivero, ex presidente de Sacyr Valle Hermoso, segundo accionista de Repsol, ambos con aportes en torno a los 500.000 euros. Pero los que más dinero otorgaron al PP son el malagueño José Luis Sánchez, fundador y presidente del grupo Sando, con 1,5 millón de euros, y el andaluz Manuel Contreras, de AZVI, con un millón de euros. De los que figuran en la lista sólo tres están imputados en la trama de corrupción –Gürtel–: Pablo Crespo, Juan Cotino (de Sedesa) y Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica.

Mientras la cúpula del PP parece estar digiriendo aún la gravedad de la situación, los políticos de base comenzaron a reaccionar y bajarse del barco antes de que se hunda, como los concejales por Gijón (Asturias), Eduardo Junquera, y por Galdakao (País Vasco), David Pasarin Gegunde.