La Justicia española inició ayer los trámites de embargo contra el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y su ex socio Diego Torres, al no haber abonado la fianza de 8,1 millones de euros (diez millones de dólares) en el caso de corrupción en el que están imputados. El juez instructor José Castro, de los juzgados de Palma de Mallorca, instó a la Agencia Tributaria a emitir un informe sobre las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros del esposo de la infanta Cristina y su ex socio en el llamado Instituto Nóos, una asociación sin fines de lucro creada por ambos y a la que desviaron presuntamente 6,1 millones de euros de fondos públicos.

La fianza civil impuesta el pasado 30 de enero equivale al dinero público del que se habrían apropiado a través de contratos con los gobiernos regionales de Baleares y Comunidad Valenciana, más una tercera parte de dicho importe. El juez anunció que, de no abonar la fianza, les serían embargados sus bienes hasta cubrir dicha cantidad. El magistrado preguntará además a la Agencia Tributaria si tanto los dos imputados como sus esposas se han acogido a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy y que hasta finales de 2012 permitía regularizar capitales no declarados pagando sólo una tasa del diez por ciento. Con ello, Castro siguió una solicitud del sindicato Manos Limpias, acusación popular en el “caso Nóos”.

Tanto Urdangarin como Torres defienden su inocencia y recurrieron la fianza, asegurando que el Instituto Nóos no cometió ningún delito al contratar con las diversas administraciones públicas. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, rechazó la fianza por “excesiva” y aseguró que llevaría a un “empobrecimiento injusto” de su cliente.