Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a los que tuvo acceso exclusivo Página/12, revelaron que la Argentina, al igual que Brasil, estaba decidida a desarrollar un “ciclo del combustible nuclear” independiente con la capacidad de reprocesar plutonio y enriquecer uranio durante la última dictadura militar.

Como Brasil, Argentina fue uno de los pocos países de América latina que se negaron a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (NTP, según su sigla en inglés). Así, las actividades nucleares en el país fueron sometidas a una rutina de control profundo para ver si estaba involucrado en algo que sugiriera un interés en la capacidad armamentista. Las agencias de Inteligencia norteamericanas siguieron de cerca los desarrollos, pero las perspectivas cambiaron, como la política interna argentina. Preparada después del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas –en el que Washington ayudó a Londres–, la evaluación profesaba una “gran incertidumbre” sobre las intenciones nucleares de Argentina.

Mientras “emocionalmente” el gobierno militar argentino estaba interesado en la opción armamentista, había “reducido la capacidad para cumplir este deseo”. Sin embargo, de forma correcta o incorrecta, el personal de Inteligencia asumió que la cúpula militar había “reservado cuidadosamente la opción de desarrollar armas nucleares”. Por lo tanto, si la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidía implementar la opción, tenía dos rutas posibles para obtener el plutonio: el desvío de combustible usado de un reactor protegido o el desvío de combustible usado de un reactor no protegido que estaba funcionando.

La estimación realizada en 1982 no menciona el proyecto de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, que, según se detalla, la Argentina comenzó en 1978 cuando la administración del ex presidente norteamericano, Jimmy Carter, cortó la venta de uranio enriquecido a los países que se negaban a firmar el NPT. Sin embargo, de acuerdo con el informe de septiembre de 1985 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 1981 los servicios secretos conocieron “la instalación nuclear secreta”. Mientras el gobierno militar estaba colapsando, en noviembre de 1983, el saliente jefe de la Comisión de Energía Atómica, vicealmirante Carlos Castro Madero, anunció el éxito de la capacidad de enriquecimiento y la planta de Pilcaniyeu fue dada a conocer al mundo.

Más tarde, el gobierno democrático conducido por Raúl Alfonsín tomó una “postura ambigua” sobre armas nucleares. En su valoración de 1984, la comunidad de Inteligencia estaba más segura sobre las políticas nucleares de Argentina. “Sobre la base de la evidencia discernible, Argentina no tiene un programa para desarrollar o probar explosivos nucleares”, rezaba el informe. Aunque prevenía que Alfonsín era poco probable que cambiara “los esfuerzos argentinos a largo plazo para alcanzar su meta de adquirir una amplia gama de recursos provenientes del ciclo del combustible nuclear”. De acuerdo con eso, los militares –que todavía jugaban un rol central en el programa de energía nuclear– estaban “de acuerdo con continuar su injerencia en algunos de los programas nucleares más delicados, incluyendo el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio”. A pesar del pedido de la CNEA, que había desarrollado la capacidad de enriquecimiento de uranio, la estimación no pudo confirmar que “el equipo autóctono funcionaba exitosamente”.

Según los archivos, un año más tarde la CIA estaba aún más definida sobre la capacidad argentina. De acuerdo con el informe de 1985, los argentinos “han alcanzado por lo menos una prueba de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa”. En otras palabras, se trataba de un sistema viable. Sin embargo, la planta de enriquecimiento no estaría “plenamente operativa hasta 1987-1988”. Mientras la evaluación de los intereses argentinos en armas nucleares no cambió, los analistas de la CIA afirmaron que “la Argentina continúa desarrollando las instalaciones y las capacidades necesarias que podrían sostener un esfuerzo en la producción de armas nucleares”.

Del reporte de la CIA, emitido en 1985, se desprende que la Argentina cooperaba en materia nuclear con algunos países, aunque destaca que muchos de los acuerdos estaban inactivos. Entre los estados que la CIA menciona se encontraban Argelia, Brasil, Chile, China, Colombia, Perú y Uruguay. Especifica que existían acuerdos entre las comisiones de energía atómica de Brasil y Argentina para la capacitación de recursos humanos e intercambio de información técnica. Detalla que en 1983 Argentina firmó con Chile un acuerdo nuclear suplementario, que en diciembre de 1981 acordó con Colombia un plan de acción de dos años, extendido en 1983 y que entrenó a científicos uruguayos en las instalaciones de la CNEA y suministró al país vecino de radioisótopos para usar en medicina y agricultura.

La central de uranio enriquecido de Pilcaniyeu fue cerrada en 1983 por ser considerada inviable a nivel económico. En tanto, Argentina y Brasil adhieren actualmente al Tratado Internacional de No proliferación de Armas Nucleares.

Informe: Romina Lascano.