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El gobierno portugués anunció ayer nuevas medidas de austeridad, con recortes de pensiones, reducción de 30.000 funcionarios y ampliación de la jornada laboral y la edad de jubilación, que fueron rechazadas de inmediato por la oposición.

El primer ministro conservador luso, Pedro Passos Coelho (foto), explicó las medidas en una alocución al país y subrayó que “están abiertos al diálogo” con la oposición, los empresarios y los sindicatos.

Pero advirtió que si Portugal no consigue bajar el gasto estatal volvería a verse “al borde la quiebra” y en peligro de abandonar la Zona Euro o pedir un segundo rescate financiero, tras el que solicitó en abril de 2011.

El Partido Socialista (PS), el principal de la oposición en Portugal y favorito ahora en las intenciones de voto, rechazó de inmediato los recortes e insistió en reclamar una renegociación de los compromisos financieros del país y medidas para generar crecimiento y empleo.

El secretario general del PS, Antonio José Seguro, calificó de “pésimas” las medidas anunciadas por Passos Coelho, y las consideró parte de la “tragedia de la austeridad”.

El primer ministro, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede aplicar sin problemas su política económica, cifró en 4800 millones de euros los ahorros que espera conseguir hasta 2015 con las nuevas “propuestas” para hacer el Estado sostenible y cumplir los compromisos del rescate. Aunque en sus dos años en el poder, Portugal ya redujo el gasto estatal en cerca de 13.000 millones de euros, todavía hay un déficit muy elevado (del 6,6 por ciento) y un problema de endeudamiento público (más del 120 porciento del PIB), recordó el primer ministro.

Passos Coelho consideró el ahorro público “crucial” para superar la crisis, generar crecimiento y empleo, y regresar a los mercados financieros cuando acabe, a fin de año, el programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, explicó, hay que “tornar el Estado más eficaz y sostenible” con reducciones de gastos en los ministerios, el personal administrativo y el coste de la seguridad social.

Sus nuevas medidas prevén aplicar una carga contributiva especial a los pensionistas y ampliar el horario laboral de los funcionarios de 35 a 40 horas semanales, el mismo que en la empresa privada. Además, la edad general de jubilación con todos los derechos retributivos se retrasará a los 66 años, aunque se mantiene legalmente en 65 años con una penalización en las prestaciones.