Los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional de Ecuador, salidos de las elecciones de febrero, asumieron ayer sus cargos hasta 2017 y eligieron una mesa de conducción integrada por tres mujeres. Cien de los 137 asambleístas pertenecen al partido Alianza País, que lidera el jefe de Estado, Rafael Correa. Es la primera vez en la historia reciente de Ecuador que una fuerza política tiene una mayoría calificada que le permite hasta reformar la Constitución. Correa y su partido consideran que lo primero que debe tratar el Legislativo es el Código Penal Integral y contar con mejores mecanismos para luchar contra la delincuencia. La otra iniciativa clave que tratará la mayoría oficialista será la Ley de Comunicación, que defiende el Ejecutivo y la oposición considera un intento por controlar la prensa.

Tres mujeres de Alianza País fueron nominadas para dirigir el Congreso. Gabriela Rivadeneira fue confirmada como presidenta de la Asamblea con 107 votos afirmativos sobre 137 asambleístas; mientras que Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga fueron elegidas como primera y segunda vicepresidentas, respectivamente, con 108 votos cada una. “El día de hoy (por ayer) inauguramos una nueva etapa en la historia del Ecuador. Una etapa que se inició el 17 de febrero de 2013, día en el que el pueblo ecuatoriano decidió ratificar en las urnas la Revolución Ciudadana como proyecto nacional (...). Hoy, la historia nos demanda ser una Asamblea que esté dispuesta a ser ejemplo de rectitud”, declaró Rivadeneira en su discurso de inicio.

El oficialismo aprovechará la mayoría para pasar reformas importantes. Por un lado, la Ley de Comunicación será una prioridad para la nueva asamblea. Rivadeneira dijo al canal oficial El Ciudadano que se buscarán mecanismos para que aquélla recoja los criterios de los nuevos integrantes del Legislativo. “Tenemos un justificativo, que es justamente el momento de transición. Nosotros queremos que todos los asambleístas, los 137 asambleístas, votemos con conocimiento de causa”, señaló la mujer de apenas 29 años. Este proyecto de ley, que entró en la Asamblea en septiembre de 2009, plantea que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de televisión y de radio se distribuirán de manera equitativa: el 33 por ciento para los medios públicos, el 33 por ciento para los medios privados y el 34 por ciento para los medios comunitarios. Por ahora esta distribución es de 85,5 por ciento de las frecuencias privadas, 13,9 por ciento públicas y 1,6 por ciento comunitarias. Correa sostiene que la propuesta busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados.

Lo que le critica la oposición es la creación de un organismo de regulación que controlará la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, pero también la redistribución de las frecuencias. Esta ley ya cumplió todas las instancias legislativas, sólo le queda la votación. Por eso la norma forma parte de los proyectos que el gobierno quiere aprobar en un período de cien días.

Por otro lado, está la reforma del Código Penal Integral que estuvo bloqueada en el Legislativo. La propuesta está conformada por más de 800 numerales y trata temas como el femicidio, que será considerado como un delito, o la prisión para los empresarios que no afilian a sus trabajadores al sistema de Seguridad Social.