Rafael Correa estrena nuevo mandato con una aplastante mayoría de 100 diputados sobre 137 de la Asamblea Nacional. Su partido, Alianza País, planea retomar tres proyectos de ley que habían sido trabados hasta ahora por la oposición: de Agua, de Comunicación y una reforma integral al Código Penal, a fin de profundizar su proyecto político caracterizado por una fuerte inversión social.

El gobierno ecuatoriano busca establecer un nuevo modelo de acceso a las fuentes de agua y que sea el Estado el que distribuya este recurso estratégico. El proyecto presentado en el 2009 chocó con la protesta de un sector de los pueblos originarios que rechazaron que se les quite la capacidad de administrar el agua a través de juntas comunitarias. Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), señaló a Página/12 que hoy su organización acepta en gran parte el proyecto porque fue revisado. “Estuvimos en contra de que continuaran las concesiones a empresas privadas, esto se revirtió y el agua será manejada a través de empresas públicas o de los municipios. También se corrigió algo que reclamábamos y era que la administración del agua fuera un sistema comunitario”, dijo Cholango. Y agregó que quedan algunos puntos por acordar. “El gobierno aún no se pone de acuerdo con nuestro pedido de que se conforme un consejo plurinacional que regule las políticas públicas.”

Fue a partir de la movilización de las comunidades originarias que la Corte Constitucional estipuló que se realice una consulta prelegislativa con las organizaciones indígenas. El diputado Andrés Páez, de la alianza CREO –liderada por Guillermo Lasso, candidato presidencial que salió en segundo lugar y obtuvo once bancas– dijo a este diario que la demanda de algunos sectores sociales no va a disiparse. “Para Los indígenas, campesinos y trabajadores rurales el trabajo gira alrededor del agua, para producir la tierra. Si el gobierno controla el agua, entonces controla al movimiento indígena, porque les quita un derecho esencial.”

Correa, un mandatario que ha sido confrontativo con los grandes medios nacionales e internacionales, y que a la vez ha dado asilo al reconocido periodista Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, impulsa desde 2009 una ley de Comunicación, como ya lo hiciera Argentina, y actualmente Uruguay. El proyecto asigna un 33 por ciento del espacio radioelécrico a los medios públicos, un 33 por ciento al sector privado (en estos momentos posee casi el 85,5 por ciento del espectro) y el otro 34 por ciento a grupos comunitarios. Sus críticos cuestionan que se establezca la creación de un ente regulador que podría inmiscuirse con los contendidos, ya que estaría encargado de sancionar contenidos discriminatorios, sexuales y violentos. El diputado oficialista y ex ministro de Defensa Miguel Carvajal lo rechazó de plano en diálogo con este diario. “Aquí se dice que no hay libertad de expresión, pero hay emisoras que hacen política opositora. La ley de comunicación protege la libre expresión y que no haya censura previa. Hay que revisar las frecuencias, ver que se distribuyan equitativamente, porque ahora los medios comunitarios no llegan al tres por ciento de las frecuencias.”

La reforma del Código Penal Integral tipifica nuevos delitos con una inclusión de temas de género, como por ejemplo, no penaliza la interrupción del embarazo en caso de violación de la mujer –la Constitución actual solamente permite el aborto en caso de estupro o violación a una mujer con discapacidad mental–. Páez, quien dentro de la alianza CREO pertenece al partido Izquierda Democrática –similar al radicalismo argentino, según él señala– cuestionó la nueva legislación. “Es abrir la puerta para que luego el aborto sea permitido en otras situaciones. Nadie tiene derecho a interrumpir la vida de otra persona.” Al mismo tiempo, el legislador alertó que la reforma del código criminalice la protesta. “Convierte al código en inquisidor de cualquiera que proteste, por ejemplo, acusándolo de sabotaje o terrorismo. El que se manifiesta va automáticamente a la cárcel, sin fianza.”

Carvajal afirmó que esa acusación es errónea. “Aquí existirá respeto a la protesta social y pública que sea pacífica. Se sancionan las acciones que violenten y atenten la vida cotidiana de las personas.” “¿Se van a reprimir los piquetes?”, le preguntó esta cronista. “La primera opción es el diálogo. No se puede afectar la libre circulación. Se están investigando las acciones violentas en las marchas antimineras, pero no por la marcha en sí, sino por los hechos vandálicos y de agresión a los ciudadanos”, sostuvo el diputado de Alianza País.

Los tres proyectos serán prioridad durante este nuevo mandato de Correa, quien se propone profundizar un modelo de revolución ciudadana y cuenta con un amplio respaldo para lograrlo.