Félix Díaz, referente de la comunidad qom La Primavera, llevó los reclamos de “dificultades sociales” de ese colectivo formoseño al despacho del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien “se comprometió a dialogar con la provincia” para “agilizar y encontrar nuevas soluciones”. Los temas fundamentales que se trataron en la reunión, de la que además participaron funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales, fueron la puesta en marcha del relevamiento de territorios ancestrales de la comunidad originaria y el protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones que involucren a miembros de La Primavera, aprobado hace más de un mes, pero que, según el referente, “aún no se está aplicando”. La situación sanitaria de la comunidad, calificada por Díaz como “de extrema urgencia”, también fue un punto central en el encuentro.

Un día después de la audiencia que compartieron ante la Corte Suprema, la reunión de ayer giró en torno de la aplicación de la Ley 26.160, que apunta a relevar los territorios de los pueblos originarios del país, otorgarles la titularidad comunitaria y frenar los desalojos que continúan siendo una amenaza. Fresneda informó que el Estado se comprometió a “avanzar en una agenda que implique la puesta en marcha de la ley” en el territorio de La Primavera. Díaz confirmó que el Ejecutivo ya firmó el convenio de aplicación y que los funcionarios “esperarán siete días a que el gobierno de la provincia también lo firme para poder empezar a pensar en su puesta en marcha”.

Díaz comentó que para su comunidad “el relevamiento es fundamental”. Fresneda agregó que “es una política de Estado a través de la que se podrá determinar cuánto del territorio nacional ocupan los pueblos indígenas”. La norma fue presentada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en sus épocas de senadora y aprobada en noviembre de 2006. Su vigencia vence en noviembre de 2013. Fresneda aseguró a este diario que se relevaron más de 4500 millones de hectáreas. Sin embargo, los trabajos aún no llegaron a establecerse en La Primavera, pese a los ataques que sufrieron y sufren sus integrantes desde hace dos años y sus reclamos en este sentido. Las autoridades ratificaron el protocolo que apunta a reglamentar la intervención de la fuerza pública en la comunidad. “El protocolo pide la acción conjunta de la policía provincial y Gendarmería, pero parece que la policía tiene mayor poder de decisión”, remarcó Díaz.