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Amnistía Internacional volvió a enfatizar la falta de tratamiento jurídico e investigación que pesa sobre los crímenes del franquismo al presentar ayer el informe El tiempo pasa, la impunidad permanece. En ese documento destacó que España no investiga esos delitos y no coopera con la querella abierta en la Argentina, que se encuentra en manos de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que debe resolver acerca del pedido realizado en marzo por los abogados que representan a las víctimas, quienes exigen que la magistrada expida una orden de detención internacional contra nueve genocidas denunciados de cometer asesinatos y otros crímenes durante el gobierno del dictador Francisco Franco.

La organización de derechos humanos resaltó que las autoridades españolas rehúsan sistemáticamente todo tipo de colaboración para que avance la causa judicial abierta en la Argentina, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos crímenes. En su informe, Amnistía Internacional asegura que pudo constatar cómo el Poder Judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas.

Asimismo, denuncia que la fiscalía de la Península Ibérica no colabora adecuadamente con las peticiones de cooperación solicitadas por Servini de Cubría, bajo el argumento de que España se encuentra investigando y “tiene preferencia” para hacerlo. El gobierno, por su lado, ha obstaculizado las declaraciones de las víctimas ante la jueza argentina. Y el Poder Legislativo –continúa el documento– permanece reacio a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

En medio de las demoras y recursos administrativos que interpone el gobierno español para esclarecer estos hechos, las víctimas y sus familiares siguen enfrentándose a obstáculos que ponen en peligro su derecho a la justicia, la verdad y la reparación. “España no está investigando los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo y, aunque lo estuviera haciendo, no tiene jurisdicción preferente con respecto a la Argentina. El principio de jurisdicción universal autoriza a cualquier Estado a ejercer su competencia respecto de los crímenes de derecho internacional”, manifestó Leah Tandeter, coordinadora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: “La lucha contra la impunidad en España es de competencia universal”.

En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía Internacional realizó un seguimiento de la actuación de estos juzgados y constató que de los 47 casos derivados, al menos 38 se archivaron.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo en base a argumentos que, para la organización humanitaria, son contrarios al derecho internacional, entre ellos la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional y una errada interpretación del principio de legalidad penal.

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas solicitaron información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La fiscalía española, en sus informes, respondió –sorprendentemente– que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas. También pidió que Argentina se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en hacerlo, cosa que no sucede desde que el juez Baltasar Garzón fuera sancionado por el Tribunal Supremo.