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El gobierno de Río de Janeiro emitió un decreto que obliga a las compañías telefónicas y proveedoras de Internet a entregar datos secretos de usuarios sospechosos de promover actos de vandalismo en manifestaciones populares. El decreto, que ya recibió críticas por parte de especialistas, crea la Comisión Especial de Investigación de Actos de Vandalismo en Manifestaciones Públicas (CEIV), encargada de solicitar a las empresas datos reservados de los usuarios. La decisión del gobernador es resistida por quienes creen que vulnera la privacidad de los ciudadanos.

“Las empresas operadoras de telefonía y proveedores de Internet tendrán plazo máximo de 24 horas para atender los pedidos de informaciones de la CEIV”, establece la nueva normativa firmada por el gobernador de Río, Sergio Cabral, quien viene siendo objeto de protestas después de ser denunciado por uso indebido de helicópteros de la Fuerza Aérea.

Desde que estallaron las denuncias, Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, principal aliado del gobierno), ha recibido fuertes críticas no sólo de la población, que realiza manifestaciones frente a su casa, en el barrio Leblón, sino también de la oposición, que llegó a solicitar su destitución. La comisión está integrada por representantes del Ministerio Público de Río, de la Secretaría de Seguridad carioca y de las policías civil y militar.

Según especialistas, la exigencia a las empresas de entregar datos secretos de sus usuarios es inconstitucional. “En estados democráticos de derecho, la privacidad es una garantía fundamental inalienable de la sociedad. En Brasil, es la propia Constitución la que asegura el secreto de las comunicaciones, que sólo puede ser vulnerado por el juez competente en el marco de un proceso penal”, dijo el consejero de la Comisión Nacional de Justicia (CNJ), Bruno Dantas.

Por su parte, el abogado Tecio Lins y Silva sostuvo que el decreto era un delirio y un abuso de autoridad. “Yo lo recibí creyendo que era una broma de Internet. Esto es un escándalo. Quien edita un decreto así está jugando con el Estado democrático”, indicó. Además de la obligatoriedad de entregar los datos de los usuarios solicitados, el decreto establece que las solicitudes que realice la comisión a los organismos públicos y privados de Río tendrá prioridad absoluta en relación con todas las otras actividades de su competencia o atribución.

Entre las atribuciones de la nueva comisión está la de tomar todas las medidas necesarias para llevar adelante la investigación de actos de vandalismo, pudiendo recabar informaciones, realizar diligencias y practicar cualquier acción necesaria para la instauración de procedimientos penales con la finalidad de castigar actos ilícitos practicados en el ámbito de las manifestaciones públicas.