El gobierno de facto egipcio ordenó ayer a las fuerzas de seguridad bloquear los accesos al principal campamento de protesta levantado por los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en El Cairo. Como respuesta, los partidarios del ex mandatario volvieron a tomar las calles de la capital. El operativo de desalojo comenzaría durante las próximas 48 horas, y el personal militar y policial tiene orden de autorizar la salida de ese sector pero no el reingreso.

Cientos de miles de islamistas se congregaron en las plazas de Rabea al Adawiya y Al Nahda, en El Cairo, para insistir en sus demandas de que Mursi sea restituido en el poder. Las advertencias del gobierno para poner fin a sus acampes parecieron encender a los manifestantes, y la Coalición de Defensa de la Legitimidad, que incluye a los Hermanos Musulmanes, llamó incluso a manifestarse en importantes sedes militares y de seguridad, como el cuartel de la Guardia Republicana.

La televisión estatal informó que el Ministerio del Interior rechazaba el posible desalojo del campamento de Rabea al Adawiya, el mayor de los dos, aunque se impondrá un bloqueo en las calles aledañas. Las fuerzas armadas no se dieron plazos para desalojar los acampes pro Mursi, explicó el vocero militar coronel Ahmed Ali, y agregó que el derecho a la protesta pacífica, incluso durante años, es inalienable. Pero señaló que los acampes pro Mursi muestran una tendencia hacia la violencia y, desde el desplazamiento de Mursi el 3 de julio pasado, por lo menos doce integrantes de las fuerzas de seguridad murieron en agresiones armadas contra instalaciones del Estado en el Sinaí.

En la jornada de ayer, denominada Egipto contra el Golpe, las manifestaciones comenzaron tras el rezo musulmán del mediodía, durante el cual los sermones de los imanes de Rabea al Adawiya y Al Nahda se cargaron de connotaciones políticas. “Dios devuelva sano y salvo al presidente (Mursi) y castigue a los traidores”, dijo el imán de Rabea al Adawiya, quien insistió en que lo ocurrido en Egipto es una conspiración para impedir la aplicación de la sharia o ley islámica.

Tras el anuncio del gobierno, las citadas plazas se transformaron en fortalezas. Numerosos hombres protegidos con cascos y armados con palos montaron una primera línea de defensa frente a las barricadas construidas con sacos de arena y ladrillos en el campamento de Rabea al Adawiya. En tanto, fuerzas antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a cientos de seguidores de Mursi frente a la llamada Ciudad Cinematográfica, en las afueras de El Cairo. La policía intervino por temor a que los manifestantes irrumpieran en el lugar tras acercarse al portón principal de ese centro, ubicado en la ruta que une El Cairo con los oasis del oeste.

Los partidarios de Mursi, que llegaron al área en una marcha que salió del campamento en la plaza Al Nahda, lanzaron piedras contra la policía e interrumpieron el tráfico en esa carretera. Los choques se detuvieron para que ambas partes pudieran ingerir la cena del iftar, que rompe el ayuno de vigilia del Ramadán, y continuaran luego. En la plaza de Al Nahda, Heba Hasan, responsable del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de la Hermandad que llevó a Mursi al poder, dijo que no permitirían ser esclavizados y que se restaurase de nuevo un régimen militar y golpista.

“Confiamos en nuestra victoria y en que se cumpla nuestra voluntad. No tememos a las amenazas”, afirmó Hasan, que hizo hincapié en que ellos defienden la libertad y la legitimidad. “No hay lugar para soluciones intermedias con los usurpadores y sanguinarios”, manifestó en relación a una posibilidad de diálogo con las demás facciones políticas. Sin embargo, el diario oficial Al Ahram indicó que hay conversaciones entre el gobierno y los islamistas para evitar un derramamiento de sangre. Según este periódico, los Hermanos Musulmanes piden la liberación de algunos islamistas detenidos tras el golpe militar, y las autoridades exigen el cese de las protestas espontáneas y los discursos que instigan a la violencia.

Grupos de derechos humanos, líderes religiosos y representantes diplomáticos internacionales pidieron a las autoridades que eviten el derramamiento de sangre. Alrededor de 300 personas han muerto a causa de la violencia política desde el golpe de Estado militar que derrocó a Mursi.