Tras nueve años de investigación, el ministro especial, Manuel Valderrama, determinó el cierre del denominado caso Riggs, relacionado con las cuentas secretas que el fallecido dictador Augusto Pinochet mantenía fuera de Chile. En la causa procesaron a seis militares retirados, pero a ningún miembro de la familia, que habría acumulado más de 20 millones de dólares sin justificación contable.

El magistrado acumuló 388 tomos en la investigación para determinar el origen de la fortuna del dictador (que gobernó Chile entre 1973 y 1990) que se apronta a su cierre. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los abogados defensores tienen 15 días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias.

La investigación se abrió en 2004, luego de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras. En esa época, el caso lo tomó el juez Sergio Muñoz.

Pinochet, al morir el 10 de diciembre de 2006, estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco, falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos. Un año después, el juez Carlos Cerda –el segundo a cargo del caso– procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos. Justamente esa medida benefició, entre otros, a la esposa del dictador, Lucía Hiriart, a cuatro de sus hijos, a su antiguo albacea, Oscar Aitken, y al contable José Sobarzo.

Solamente fueron encausados los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino, por abrir una cuenta de Pinochet en el Banco Riggs con el nombre de John Long; el general (r) Sergio Moreno Saravia, por malversación de caudales y estafa al traspasar a Pinochet 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados desde la cuenta que mantenía en el Banco Riggs, y los coroneles en retiro Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, por transferir dinero, abrir cuentas y cobrar cheques para ocultar dineros malhabidos. Augusto Pinochet fue sobreseído de esta causa tras su muerte. Con todo, este episodio, no así la violación sistemática de los derechos humanos en su mandato, le significó que muchos de sus más fieles seguidores, algunos de los cuales forman parte del actual gobierno de derecha de Sebastián Piñera, lo dejaran solo y arrinconado por sus fantasmas.

En el seno de la familia Pinochet reinó la satisfacción y la tranquilidad tras recibir ayer la noticia. “Es satisfactorio saber que finalmente la Justicia determina que no se cometió ningún acto ilícito”, declaró ayer a radios locales Rodrigo García Pinochet, nieto del dictador, quien consideró el caso como “una venganza política por la figura y la obra de mi abuelo”.

García Pinochet –quien lo acompañaba cuando en septiembre de 1986 atentaron contra su abuelo en el Cajón del Maipo y fue sacado de las Fuerzas Armadas, cuando vestido con uniforme militar defendió el legado de su abuelo en su funeral– declaró a radios locales que, a pesar de que la investigación quedó en la nada, “todo lo que se dijo, lo que se argumentó, se acusó –entre medio el tema de los lingotes de oro que fue un caso absurdo– mancha. Estoy tranquilo y la familia está tranquila. Creo que ha sido uno de los casos donde más se ha pedido información a nivel mundial”, sostuvo.

Ahora, el Consejo de Defensa del Estado y los abogados querellantes tienen quince días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias. Sin embargo, el abogado Alfonso Insunza afirmó que desde la muerte de Pinochet la causa no avanzó mucho. “Hubo falta de interés en seguir la causa y terminó en muchas aristas que quedaron poco claras... Cuando se sacó a Carlos Cerda, la causa decayó y definitivamente no se investigó nada”, sostuvo a La Nación digital.

Hace un año, Lucía Pinochet Hiriart, la hija mayor de Pinochet, denunció una “persecución política” en su contra tras el descubrimiento de una nueva cuenta a su nombre con 110.000 dólares en un banco de EE.UU. “Esa plata no tiene nada que ver con el caso Riggs”, dijo.

“Yo nunca recibí nada de mi papá, ni dinero ni propiedades”, remarcó la mujer. “Como no se pudieron ensañar con mi papá, ahora se están desquitando con nosotros, con mi familia, que no tiene nada que ver”, dijo en la oportunidad, al tiempo que anunciaba que tras el cierre del caso Riggs, “reclamará” la herencia que le dejó su padre.

En la arista civil del caso Riggs, el testamento de Pinochet fue abierto a inicios de julio de 2012 en un juzgado civil de Santiago, pero el documento no especificó los bienes del dictador. Sí estableció que su viuda, Lucía Hiriart, debe recibir el 62,5 por ciento del total de la herencia, mientras que a sus cinco hijos les corresponde en conjunto un 25 por ciento y a sus nietos y biznietos, otro 12,5 por ciento. Una auditoría contable realizada por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile calculó la fortuna de Pinochet en 21 millones 320 mil 110 dólares, de los cuales 17 millones 866 mil dólares no estaban justificados o se desconocía su origen.