Seis marinos que venían en un barco con destino final a un puerto privado en Arroyo Seco fueron detenidos ayer en Rosario luego de haber sido imputados por sus propios compañeros de buque de haber arrojado a cuatro polizones congoleños atados de pies y manos y sus bocas vendadas en alta mar, a 400 kilómetros de la costa africana. Se trata del capitán rumano Florin Filip, el primer oficial Robert Racovita y de cuatro marineros filipinos. El quinto marino perdió su vida el último jueves en un episodio que también investiga la Justicia y que podría haber sido una nueva muerte provocada. Luego de largos días de investigación, el fiscal federal Mario Gambacorta logró sentar a los responsables ante el juez federal Carlos Vera Barros que ordenó su detención e indagatoria.

En los primeros días de julio, el buque “RM Power” zarpó del Congo con destino al puerto de Dreyfus, en Arroyo Seco, donde arribaría el 26 de julio. El barco pertenece a la firma W.E.M. Line SA, de capitales griegos pero con sede en las Islas Marshall. Luego de algunas escalas menores en territorio africano fueron descubiertos siete polizones que fueron entregados a las autoridades correspondientes. Pero distinto fue el trato dispensado a cuatro nuevos ciudadanos congoleños que habían accedido ilegalmente a la embarcación y que fueron descubiertos a bordo el 7 de julio.

Por orden del capitán fueron atados de pies y manos, sus bocas vendadas y, luego de ser golpeados, arrojados al mar. El primer oficial –un rumano de 1,93 metro de altura y mal carácter– habría instado a la tripulación presente –cinco marineros– a concretar la orden superior. Pero todo se complicó el 10 de abril, luego de que el capitán comunicara que seis de sus marinos pretendían terminar con la relación laboral aduciendo desde problemas de salud hasta familiares. Esto llamó la atención del gerente de la empresa naviera, Binios Stravos, quien comenzó a exigir explicaciones sobre esta actitud y terminó obteniendo la declaración del capitán. “Es que ellos tiraron la basura al mar y ahora quieren volver a sus casas”, según consta en el informe que Prefectura entregó al fiscal Gambacorta.

La confesión del capitán Filip disparó una investigación interna y después puso en alerta a la Prefectura y a la Justicia federal rosarina. Con este dato, el fiscal Gambacorta le pidió al juez federal Carlos Vera Barros el allanamiento de la embarcación. Así encontraron ropa, galletitas, botellas de agua, unas ojotas y excrementos humanos, hallados en un lugar de difícil acceso del barco. Estaba en la zona de hélices de movimiento lateral del buque, por donde hay que bajar unos quince metros desde la cubierta, hasta la panza de la nave.

Gambacorta secuestró además las computadoras que regían el curso de la embarcación, para establecer detalles del viaje, y otras tantas PC para capturar los mails enviados por la tripulación para poder probar si hubo relatos escritos de los tripulantes. “Los mails dan cuenta que el dueño del buque le exigió al capitán que revise exhaustivamente todo el buque ante la sospecha de que pudiera haber más polizones que los siete hallados en los primeros días, apenas zarpados. Pero se ve que no hicieron bien su trabajo porque hubo más gente escondida”, dijo el fiscal a Rosario/12, la edición santafesina de Página/12.

La preocupación no es menor: la ley establece que una vez descubierto un pasajero ilegal se lo debe atender, alimentar, curar y repatriarlo. “Todo este trámite cuesta unos 30 mil dólares, que no todos están dispuestos a pagar”, razonó una fuente con conocimiento del negocio de altamar. Pero la historia no termina allí: el último jueves, uno de los marineros filipinos que habría participado del brutal episodio murió tras caer al agua, mientras el buque estaba varado. Además, un testigo declaró ante Gambacorta que otro compañero le relató otro dato brutal: les pegaron con una llave para desmayarlos antes de tirarlos al mar.