El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos dijo ayer por radio y televisión que ordenó la militarización de Bogotá y que lo hará en cualquier otro municipio o zona donde sea necesaria la presencia de soldados. También informó sobre la muerte de dos personas en los disturbios del jueves por la noche en los barrios periféricos de la capital. Los militares salieron ayer a patrullar las calles de Bogotá, luego de que manifestaciones en apoyo a una protesta campesina terminaran en violencia, y líderes agrarios de la región de Boyacá llamaran a levantar los bloqueos que se mantienen desde hace doce días en las carreteras del país.

La militarización de Bogotá, tras la violencia que dejó además 147 personas heridas y al menos 40 detenidos, implica que “los soldados realizarán labores de patrullaje en coordinación con la policía”, explicó un vocero de la alcaldía. Los violentos desmanes comenzaron en el centro de Bogotá, donde habían confluido manifestaciones de apoyo a los campesinos, y en la noche y la madrugada prosiguieron en barrios periféricos, con grupos de adolescentes enfrentándose a la policía. Los disturbios dejaron también destrozos en estaciones de transporte público, sedes bancarias y comercios.

Aunque en la noche del jueves el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, responsabilizó a las FARC por los disturbios ocurridos en Bogotá, Santos se abstuvo ayer de mencionar a esa guerrilla con la cual lleva adelante un proceso de paz. En cambio, el presidente acusó al movimiento político Marcha Patriótica, de izquierda radical. “El movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les interesan para nada los campesinos”, afirmó. “He dicho que bienvenida la protesta, pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas”, aseveró.

El vocero de Marcha Patriótica, Carlos Lozano, repudió esas acusaciones y dijo que su movimiento seguirá apoyando y participando de las movilizaciones campesinas de forma pacífica. “No nos cabe la menor duda de que quienes infiltraron esta movilización fueron los propios organismos del Estado para justificar la represión”, dijo Lozano en una rueda de prensa. Los señalamientos de Santos también fueron rechazados por César Pachón, portavoz de los campesinos en la región de Boyacá, cercana a Bogotá, donde las protestas fueron más intensas. “Eso es totalmente falso”, respondió Pachón sobre las supuestas presiones para que se manifiesten.

Los líderes campesinos de Boyacá instaron el jueves a abrir las carreteras que los manifestantes han mantenido bloqueadas desde el 19 de agosto, tras anunciar que habían alcanzado acuerdos parciales con el gobierno. “Se han logrado acuerdos parciales, lo cual nos da potestad para invitar a los manifestantes a permitir el libre tránsito vehicular”, dijeron los dirigentes en un comunicado leído a la prensa en Tunja, capital de Boyacá. Poco después, Santos celebró la decisión y dijo que “el desbloqueo debe normalizar el funcionamiento del país”. Según el Ministerio del Interior, la carretera de Tunja a Bogotá fue abierta ayer, al cabo de doce días de cierre.

El gobierno negocia desde el lunes pasado con los campesinos de Boyacá, pero sin abrir las conversaciones a una mesa nacional, como piden otros dirigentes agrarios. Así, el vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), Eberto Díaz, dijo en una rueda de prensa en Bogotá que “el paro se mantiene” porque las exigencias que se han “hecho al gobierno no han tenido respuesta”. Las declaraciones de Díaz fueron reafirmadas por Ricardo Herrera, del grupo Coordinador Nacional Agrario (CNA), otra de las organizaciones promotoras de la protesta. Herrera detalló que mientras los campesinos están movilizados en 17 de los 32 departamentos colombianos, “el gobierno está hablando sólo con los de tres departamentos”.

Santos destinó ayer 50.000 militares para asegurar junto con la policía la movilidad en las carreteras y dispuso que los aviones de transporte de la fuerza aérea garanticen el abastecimiento de alimentos a las ciudades.

“Es inaceptable que las acciones de algunos afecten de manera grave la vida de la mayoría”, enfatizó el presidente, al ofrecer recompensas por información que lleve a la detención de los responsables de los desmanes en Bogotá.

Los campesinos exigen ayudas económicas a la actividad agrícola, que sostienen se vio perjudicada con la entrada en vigor de varios tratados de libre comercio. Los cierres de rutas, muchos en los alrededores de Bogotá, dificultaron la llegada de alimentos y otros bienes esenciales a la capital. Entre 40.000 y 50.000 camioneros se unieron a las protestas para reclamar una rebaja en los precios de los combustibles, mientras que miles de pequeños mineros se mantienen concentrados en diversos puntos del país exigiendo ser formalizados.